Jaque pastor en los petroaudios

Por qué el ministro de Justicia propuso una ilegalidad.

Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Que en el caso de los petroaudios hay bastante más en juego de lo que se piensa se está reflejando en los conflictos frecuentes que produce entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo el más reciente entre los dos últimos.

La tensión es fuerte si se presta atención a la respuesta de Javier Villa Stein –presidente del Poder Judicial– a la iniciativa del Consejo de Ministros expresada anteayer por el titular de la cartera de Justicia, Aurelio Pastor, para que se cambie al juez Jorge Barreto, responsable del caso ‘petroaudios’.

“En representación del Consejo de Ministros, quiero hacer una invocación y solicitud al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, para que consulte con su Sala Plena la posibilidad de cambiar al juez Barreto del proceso de los petroaudios”, señaló Pastor el miércoles en el patio de Palacio de Gobierno.

La respuesta del presidente del Poder Judicial fue una manera elegante, pero no por ello menos tajante, de meterle una cuadrada de padre y señor mío: “Lo solicitado por el ministro de Justicia no es compatible con la legalidad vigente”.

Es decir, que están pidiendo una ilegalidad pues esa solicitud no puede hacerla el ministro de Justicia al Presidente de la Corte Suprema sino, en todo caso, una de las partes a través de un recurso de recusación.

Si el actual fuera un gobierno de ingenieros, economistas o médicos, podría sospecharse de un conocimiento jurídico insuficiente en el gabinete. Pero el hecho de que tanto el responsable de Justicia como el propio presidente de la República sean abogados, impide alegar tanta ignorancia.

Se debe intuir, entonces, que el pedido del ministro Pastor de sacar al juez Barreto del caso de los petroaudios no es una iniciativa sincera del gobierno sino un amago, una movida mañosa, seguramente con el fin de intentar tomar distancia, de cara a la opinión pública, frente a lo que va a ser el escándalo más grande de este lustro político.

Porque peor que la red de corrupción que empezó a tejer el pirata dominicano, con la complicidad de Rómulo León y Alberto Químper, y la colaboración entusiasta y previsiblemente convenida de un montón de funcionarios del gobierno aprista, va a ser el enjuague que está en marcha para que este caso de podredumbre ética sea convertido en un intento periodístico frustrado de fastidiar al gobierno del presidente Alan García, lo cual seguramente va a ser corroborado en breve por la próxima entrega de las encuestas bamba de la ‘RIP’ (Red Informática del PAP).