La conspiración de los ‘petroaudios’

La impunidad es la mejor manera de volar el sistema

Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El enorme interés por el asesinato de Alicia Delgado y su vinculación con Abencia Meza fue usado por el gobierno como coartada para ‘resolver’ algunos problemas, a pesar del alto costo que le significará en su escaso prestigio ante la ciudadanía.

Sirvió como cortina de humo en la interpelación a Mercedes Cabanillas con el fin de mostrarla como diligente ministra en la ‘solución’ de un crimen ‘popular’, usando al comisario de Tumbes y al jefe de la Dirincri como voceros prematuros de la acusación a Meza de ser autora intelectual del asesinato.

También, para avanzar en la operación limpieza del escándalo de los ‘petroaudios’. Justo en el día del cumpleaños del ex premier Jorge del Castillo, un habitué de la suite de Fortunato Canaán, la justicia –conocida por su adicción al Apra– le canjeó a Rómulo León la prisión por la comodidad de su domicilio.

Pocos casos de corrupción tan documentados como los ‘petroaudios’, en el que una parte importante del gobierno –incluyendo el entonces premier, medio gabinete, la secretaria del presidente y su secretario Luis Nava–, además de connotados empresarios cuya identidad todavía no es pública, se vincularon al pirata dominicano que, con la asesoría de León, quiso corromper al Estado peruano en una megaoperación que comprendía varias actividades económicas y proyectos.

Apenas se destapó el escándalo, el gobierno aprista puso en marcha el plan para desactivar sus consecuencias. En el terreno político, incluyó limpiar en el Congreso –con maniobras vergonzosas– a los ministros afectados, y persuadir para el despido de los periodistas que hicieron la denuncia. Además, nombrar a un premier biombo-tonto-útil para el operativo.

En el campo judicial, donde el Apra ronca, esto ha significado negar la validez de las pruebas, no abrir el disco duro con excusas idiotas, y darles facilidades a los responsables, como enviar a Rómulo León a su casa. Solo falta hacer lo mismo con los chuponeadores y el faenón se habrá completado.

De este modo, el gobierno del presidente García confirma que, en complicidad con el Poder Judicial, no tiene ningún compromiso con la lucha anticorrupción cuando el acusado es aprista, tal como también ocurrió, por ejemplo, con la congresista Tula Benites, para solo citar un caso.

Ahora que el gobierno lanza acusaciones de conspiraciones sin demostrarlas, es obvio que nada contribuye más a mellar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en el gobierno, en la justicia, en la democracia y en eso que llaman ‘el sistema’, que la sensación creciente del predominio de la impunidad de los amigos del presidente García y del gobierno, tal como se ha vuelto a confirmar en el caso de los ‘petroaudios’.