La justicia peruana está en escombros

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

¿Le interesa a alguien reconstruirla realmente?

El sistema judicial peruano –esa maraña que va desde jueces y fiscales junto con las entidades que los nombran, evalúan y sancionan, hasta policías, abogados y litigantes, entre otros– está en escombros y, por más signos de descomposición que cada día lo confirman, no se percibe voluntad real de emprender el esfuerzo para construir uno que genere confianza en lugar de asco como el actual.

La señal más reciente de la hediondez la difundió Panorama el domingo: un audio en el que un miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial –Hugo Salas Ortiz, el representante ahí de la ‘sociedad civil’– pone en evidencia las ‘movidas’ para nombrar a allegados suyos en distintos ámbitos judiciales desde una entidad que, entre otras funciones, sanciona a magistrados.

Esta denuncia, junto con varias otras recientes, simplemente confirman el colapso de la justicia peruana. Un epicentro del desastre está en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde se ha revelado corrupción –uno de sus miembros coimeaba a los postulantes para favorecerlos–; presión política para beneficiar a gente como el juez Ángel Romero, un buen amigo de Palacio de Gobierno; o sistemas y criterios de evaluación tan sorprendentes que concluyen que alguien como Avelino Guillén, quien le demostró a todo el país gran capacidad y habilidad como fiscal, sale jalado en el examen.

Si los integrantes del CNM se encargan de evaluar a jueces y fiscales, el país tiene el derecho de solicitarles, por un mínimo de decoro luego de la constatación del mamarracho que han protagonizado, que cancelen el concurso reciente para jueces y fiscales supremos y que, además, se vayan a su casa por ineptos comprobados y sospecha de componenda inaceptable.

Del mismo modo, se les debe exigir a las organizaciones de abogados y a litigantes importantes como las principales empresas privadas la urgente puesta en marcha de acciones para mejorar la ética de sus asociados.

Los presidentes de la Corte Suprema, por su parte, en su condición de líderes del Poder Judicial, deben asumir compromisos más claros ante el país que se expresen en resultados concretos porque, más allá de las buenas intenciones que han manifestado magistrados que han ocupado ese puesto, como Javier Villa Stein, Francisco Távara o Hugo Sivina, la verdad es que cada año que pasa la justicia peruana se pone peor.

De la mayoría de políticos, en cambio, no se debería esperar mucho. Ellos debieran dar las leyes y el impulso para el cambio, pero son, en la práctica, el origen principal de la corrupción tan profunda que ha demolido los cimientos del sistema judicial peruano.