Por Augusto Álvarez Rodrich
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Un rasgo inequívoco de una sociedad moderna, donde las instituciones son sólidas y respetadas, es que los negocios se realizan de acuerdo con reglas establecidas de antemano en lugar de ser diseñadas –o cambiadas– en función del gusto del cliente. La última camada de audios revelados ofrece indicios de que, en esto, todavía estamos bien atrasados.
Por ejemplo, el hecho de que alguien inteligente como Alfredo Barnechea necesite indagar (audio # 6), con personas quizá bien enteradas como Rómulo León, por el estado de la relación personal entre el presidente Alan García y el empresario Yosef Maiman, para identificar si se le puede incorporar en un proyecto, o si lo podrían vetar, no es una buena señal.
Que Maiman sea amigo del ex presidente Alejandro Toledo, que ambos festejaran en Las Brisas del Titicaca, o –incluso– que un empresario no haya aportado a la campaña electoral del ganador, nunca deberían ser asuntos relevantes para su participación en un negocio en el país, especialmente cuando este demanda decisiones o permisos del sector público.
Tampoco debiera influir en esos procesos el estudio legal o la asesoría específica que se contrata. Debiera dar lo mismo si este servicio proviene de los hijos de algún funcionario de Palacio de Gobierno, del amigo del premier, del que cena con regularidad con el jefe de Estado, o de Perico de los Palotes.
Lo que quiero decir es que una sociedad moderna es una donde la política no afecta el mundo de los negocios, en el sentido de quién tendrá luces verdes y quién las luces rojas.
Lo ‘normal’ sería que cualquier empresario –nacional o extranjero– que quisiera emprender un negocio en el país, simplemente lo hiciera sin tener que pasar a saludar al presidente de la República o al ministro del sector. Con reglas claras y de aplicación rigurosa, no sería necesario hacerlo porque daría lo mismo quién es el que invierte si es que cumple con todas las obligaciones y con todas las leyes.
Por eso es tan importante que Palacio de Gobierno aprenda a encontrar un equilibrio armonioso de la labor de promoción de la inversión privada pero sin que esto proyecte la sensación de que, si no se pasa por ahí, no se puede iniciar un negocio en el país. Peor aún es la sensación de que el presidente pueda “vetar” a un empresario. Eso debe cambiar.
Mientras prevalezca este tipo de percepciones, seguirá habiendo individuos que, como Rómulo León, hacen de la venta del acceso a los que toman decisiones en el gobierno, como una especie de ganzúa dorada, un negocio lucrativo y, como se está oyendo en los audios, hasta delictivo.
