La dramática situación de las cárceles peruanas.
Una expresión de que la fuga de diecisiete reos de alta peligrosidad del penal de Challapalca, en Puno, puede llegar a escandalizar pero no a sorprender es que a nadie se le ha ocurrido pedir, por ese motivo, la renuncia del jefe del INPE.
Es que todos saben que la situación de los penales peruanos es calamitosa y que sería injusto exigir la cabeza del jefe del INPE por una fuga, reyerta, o matanza en las cárceles.
Eso se puede constatar, por ejemplo, en el penal de Challapalca, el cual de ‘máxima seguridad’ solo tiene su ubicación en una zona muy dura, alejado de casi todo, en medio de nada, a más de cinco mil metros de altura, y con un frío espantoso.
Ahí, para cuidar a 129 reos, se cuenta con solo trece agentes. Las condiciones y la infraestructura son lamentables: los alimentos llegan tarde, los uniformes no son para ese frío, el motor para la iluminación interna y externa casi nunca se usa, y no hay sistemas de comunicación.
Para completar este cuadro desastroso, luego de la fuga de los reos, los agentes del INPE no pudieron seguirlos porque –no podía ser para menos– este penal no tiene vehículos.
Los especialistas no descartan que en la fuga haya habido complicidad de los agentes, pero la verdad es que el penal de Challapalca está hasta las cangallas y que su realidad no es muy diferente de la que tiene la mayoría de cárceles peruanas.
Esto ocurre a pesar de que, en general los responsables del INPE han sido, como el actual –José Luis Pérez Guadalupe– profesionales capaces, tales como Wilfredo Pedraza, Rosa Mavila o Leonardo Caparrós.
Lo que falta, sin embargo, es recursos para atender apropiadamente las necesidades de una población penal de más de cincuenta mil personas. Por ejemplo, el dinero para financiar a tres mil policías y soldados que persigan a los fugitivos podría usarse para crear las condiciones que minimicen la posibilidad del escape.
Según la Defensoría, las carencias principales de los penales son tres: falta de seguridad en las cárceles, alta corrupción en los mismos y escasa capacidad (la sobrepoblación es de 70%). Se requiere, por tanto, mejorar sustantivamente los penales actuales y construir nuevos.
Las personas que tienen la desgracia de ir a parar a una cárcel han perdido el derecho a la libertad, pero nunca deben perder –por más aberrante que sea el delito que los llevó ahí– el derecho a la dignidad humana.
Contar con cárceles que traten a los presos como seres humanos y que, incluso, los ayuden a reinsertarse en la sociedad, debiera ser una meta de inclusión social de este lustro, lo cual hablará mejor de los que están afuera que de los que se van para adentro.
