Los lobbies del hortelano

Por Augusto Álvarez Rodrich

alvarezrodrich@larepublica.com.pe



Los problemas de las facultades legislativas



Otro damnificado del K.O. del gobierno en el ring amazónico es su credibilidad pues, a diferencia de lo que se pasó diciendo en los últimos dos meses, ahora resulta que las leyes de la selva que tantos problemas ocasionaron no eran taaaaaaaaaan cruciales para el TLC con Estados Unidos. ¡Plop, exijo una explicación!



El Ministerio de Comercio Exterior insistió en que la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 sería la catástrofe del TLC. Al final, sin embargo, la ministra Mercedes Aráoz reconoció que Estados Unidos “nos ha dado un tiempo para resolver esta situación y establecer una nueva ley forestal que cumpla los requisitos de protección a los bosques y control a la tala ilegal de árboles”. (Y –digo nomás yo– que sea conversada con los ciudadanos de la selva).



El ex ministro Alfredo Ferrero no tiene claro por qué los decretos eran indispensables para el TLC, y el martes declaró a El Comercio que “lo único que se comentaba era que había preocupación por la tala ilegal y el trabajo forzoso, pero no más. Nunca se supo al detalle cuáles eran las exigencias y qué partes eran cosecha propia, y fueron introducidos aprovechando la delegación de facultades”.



Quizá ahí esté el detalle, pues parecería, entonces, que el gabinete presidido por Jorge del Castillo aprovechó las facultades legislativas para implementar el TLC con el fin de meter algunas otras ‘cosillas’, lo cual plantea más de un problema.



Para empezar, ¿por qué se habrían usado esas facultades para asuntos para los que no fueron otorgadas? Y no es que quiera ser mal pensado, pero ¿cuántos contrabandos habrán pasado en los 99 decretos legislativos que se dieron bajo la sombra del TLC? Y, para decir las cosas de un modo más claro y directo, ¿qué lobbies no se habrán movido para sacar adelante sus iniciativas aprovechando la avalancha legislativa?



El gobierno podría haber cedido a la tentación de aprovechar las facultades para legislar sobre asuntos complejos que podrían haberse enredado en el Congreso. Pero, también, en esa ensalada legal, para introducir algunos contrabandos.



Esto constituye, en principio, mala publicidad para el concepto y la utilidad real de las facultades legislativas debido a: 1) La poca transparencia con que las usa un Poder Ejecutivo que promueve la inversión a toda costa y a cualquier costo. 2) Un Ministerio de Justicia que, en lugar de hacer bien su trabajo de asesoramiento jurídico al gobierno, le justifica cualquier capricho presidencial al margen de su legalidad. 3) Un Congreso tan ‘monse’ que no efectúa la supervisión indispensable de las facultades que otorgó. 4) Lobbies muy eficientes y poco regulados que se mueven como Pedro por Palacio.