El peligroso anteproyecto de código de consumo.
Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
Junto con el desarrollo vigoroso de la empresa privada que está en marcha –lo cual está muy bien–, se requiere mejorar la capacidad del ciudadano para ejercer sus derechos de consumidor, pero si esto se hace de un modo equivocado se corre el riesgo de perjudicarlo en lugar de beneficiarlo. Ese es el peligro del anteproyecto del código de consumo en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En su último discurso de Fiestas Patrias, el presidente Alan García lanzó la iniciativa de un nuevo código de consumo dentro de su esfuerzo por tratar de compensar la imagen de su gobierno –quizá injusta– de haber quedado muy a la derecha y actuado pensando solo en la gran empresa privada.
Con dicho fin, se formó una comisión encargada de elaborarlo que culminó con la ‘prepublicación’, en octubre, de un anteproyecto que, lamentablemente, presenta varias deficiencias y que puede terminar perjudicando al consumidor –especialmente al de menores recursos– en lugar de, como debería ser, incrementar su capacidad de interactuar en el mercado.
Con un criterio estatista, se incluyen conceptos inadecuados como “la fijación de precio de intercambio justo” o “niveles de rentabilidad aprobados a los proveedores en función al rendimiento de su inversión anual”. Propone, además, sanciones administrativas desproporcionadas con las infracciones.
Una probable consecuencia de su aplicación es que podría generar costos adicionales absurdos que serían desplazados al consumidor como un incremento en los precios provocando, de este modo, un encarecimiento artificial e innecesario.
El abogado Alfredo Bullard, uno de los profesionales peruanos más competentes e inteligentes en materia de competencia, considera que dicho anteproyecto conlleva una visión equivocada de protección al consumidor que recorta su libertad de elegir. Él fue convocado a la comisión inicial para preparar el código pero renunció al constatar lo equivocado que iba su formulación.
Indecopi –el organismo encargado de la competencia– no fue convocado al igual que los gremios privados. ¿Quién no conoce una historia de horror –personal o de alguien cercano– con una empresa? (Yo tengo algunas pero nunca uso mi columna para resolver asuntos particulares).
Enfrentar el problema demanda un trabajo diligente para no terminar con este camello en el que se convirtió el caballo que quiso hacer la comisión convocada al inicio y cuyos únicos beneficiarios serían algunas entidades que lucran indebidamente con el camuflaje del objetivo de defender al consumidor. Por ello, se debe reformular el anteproyecto.
