Por Augusto Álvarez Rodrich
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La absolución insólita del ex alcalde Luis Valdez.
Los fallos judiciales se aceptan, sin duda, pero también se puede discrepar con ellos si son lamentables y escandalosos como el que acaba de absolver al ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, de la acusación de ser autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera y que, ante la contundencia de las pruebas ofrecidas, constituye –en mi opinión– una declaración de impunidad que ratifica el poder invicto del narcotráfico y su crecimiento avasallante.
Al momento de escribir esta columna aún no cuento con la sentencia, pero los hechos bien documentados por la prensa apuntalan la responsabilidad intelectual de Valdez en el asesinato de Rivera, ocurrido el 21 de abril del año 2004.
Desde la animadversión de Valdez hacia el periodista porque este lo había denunciado por vinculación al narcotráfico; la falta de un móvil para que los asesinos directos –que fueron sentenciados hace cuatro años– mataran al periodista; o las declaraciones de los sicarios que responsabilizaron a Valdez y al ex director municipal de contratarlos para perpetrar el delito que, sin embargo, luego modificaron sospechosamente.
El tribunal de la Corte Superior descalificó las pruebas e indicios como esos que ahora se espera que sean revalorados en la siguiente instancia de un proceso judicial que ha tenido una trayectoria muy accidentada, incluyendo la necesidad de trasladarlo de Pucallpa a Lima, o su quiebre únicamente porque el fiscal llegó unos pocos minutos tarde a una sesión.
Mientras ello ocurre, no pueden pasar desapercibidos dos hechos fundamentales alrededor de esta sentencia. Uno es la otra acusación –aún pendiente de fallo– que vincula a Valdez con el lavado de activos, en el contexto nacional de una expansión sólida del narcotráfico en el país y la creciente demanda de influencia que requiere un poder que deja a las ‘firmas’ locales un monto anual que los expertos calculan entre dos mil y tres mil millones de dólares, conformando, de este modo, un negocio ilícito cuyo avance necesita la complicidad comprada de muchos, incluyendo parlamentarios, militares, policías, ministros, empresarios, periodistas, fiscales o, por supuesto, jueces.
El otro hecho es el crimen de Rivera. Toda muerte es, sin duda, lamentable, pero el asesinato de un periodista constituye, al mismo tiempo, un intento de matar la posibilidad de que la sociedad conozca asuntos que molestan a corruptos, como narcotraficantes y autoridades mafiosas.
Impedir la impunidad del asesinato de Rivera es una manera inequívoca de lanzar una señal de que los facinerosos que quieren seguir en la sombra no van a conseguir tan fácilmente su objetivo de acallar al periodismo.
