La quincena que pasó fue fatal para el gobierno.
Que la política peruana tiene una volatilidad sorprendente se volvió a confirmar en la quincena que pasó, en la que el gobierno del presidente Ollanta Humala sufrió un drástico cambio de escenario, pasando de la relativa comodidad del día 85, a la complicación creciente con la que cumplirá, mañana, el día 100.
Primero, está el escándalo del aún vicepresidente Omar Chehade, cuya presentación de ayer ante la Comisión de Ética del Congreso refuerza la sensación de que los hechos ocurridos alrededor de Las Brujas de Cachiche conforman un caso –frustrado– de tráfico de influencias para favorecer al Grupo Wong.
Este escándalo le salpica al presidente Humala. Lo más probable es que, ante la fuerza de los indicios, y en medio de sus propias contradicciones, Chehade tenga que declinar en breve a la vicepresidencia, aunque su partida puede ser bastante ruidosa y con un tono de confrontación con el gobierno.
Es evidente que Chehade organizó las reuniones que hoy son materia de su acusación al margen de Palacio, pero un caso complejo como este hubiera requerido un deslinde más tajante que solo un tuit críptico y un apoyo a la investigación. Asimismo, ratifica el criterio errado del presidente Humala para escoger a alguien tan importante como un vicepresidente.
Pero Chehade no es la única sombra. También lo son las grietas crecientes que asoman en la coherencia del gabinete ministerial, lo cual permite prever la necesidad de algunos ajustes en los próximos meses, quizá antes de que termine el año, con el fin de evitar que las broncas internas se trasluzcan afuera.
Esto es relevante en un contexto en el que, llegado el día 100, el gobierno aún carece de planes articulados para avanzar en sus objetivos cruciales –inclusión y seguridad– y, consecuentemente, de indicadores de desempeño sobre el logro de estos.
Asimismo, el discurso pronunciado por Humala en la cumbre reciente de Asunción significó un retroceso en el proceso de confianza trabajado durante los únicos meses, con menciones confusas sobre los papeles del Estado y del mercado.
Esto coincide, además, con un clima de tensión creciente entre el gobierno y el sector privado debido a señales incorrectas. Es evidente, por ejemplo, que el gobierno tiene la obligación de cobrar los impuestos que considera legítimos, pero de ahí a que el presidente Humala se sienta agredido porque una empresa demanda al Estado implica un desconocimiento lamentable y peligroso. El ministro de Justicia Francisco Eguiguren debiera entrar a tallar con un curso rápido de Constitución 101.
En síntesis, a diferencia del día 85, el presidente Humala no llega en buen pie al día 100. Y si no enfrenta con rapidez problemas como los señalados, las cosas se le podrían complicar mucho más en el futuro cercano.
