Palazo de Gobierno

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

Qué hacer ante el deterioro de la libertad de expresión.

No hay mal que por bien no venga, pues la sentencia prepotente contra el periodista José Alejandro Godoy ha servido, como cereza que le faltaba a la torta, para que más personas se den cuenta de que estos hechos no están aislados de un proceso que parece articulado para el deterioro creciente de las condiciones para la libertad de expresión durante la presidencia de Alan García.

Por ver las ramas se está dejando de percibir el bosque de la acumulación de amenazas a la libertad de expresión y de pensamiento discrepante con la posición oficial. Los juicios frecuentes de políticos contra periodistas por hechos absurdos y el comportamiento sospecho de las cortes son solo algunas expresiones de este fenómeno que corroe los fundamentos de una democracia, pero no son los únicos. Veamos:

Usar a la Sunat para controlar Panamericana; la amenaza de Jorge del Castillo de enviarle la Sunat a La Primera; el indulto escandaloso a José Enrique Crousillat como ganzúa para meterse a América TV y amenazar a los grupos editoriales que lo dirigen y, a través de ellos, notificar a toda la prensa; la censura al ilustrador Piero Quijano; las amenazas frecuentes del presidente García a los reporteros que le hacen preguntas incómodas de ‘acusarlos’ ante sus empleadores; el cierre vergonzoso de Radio La Voz de Bagua y de otras emisoras de provincias que no se alinean con el gobierno; la persecución solapada a periodistas incómodos para el régimen como, por ejemplo, Rosa María Palacios, entre muchos otros actos de hostigamiento a otros comunicadores; o la presión para el despido de periodistas que denunciaron corrupción o molestan al gobierno.

Esos son solo algunos ejemplos del avance censor de estos años que ha contado con la colaboración de una justicia sin independencia de la política, y de un Congreso con sed de venganza a través de iniciativas para encarcelar a periodistas que difundan audios obtenidos ilegalmente, establecer multas millonarias por lo mismo o regular sobre rectificaciones u obscenidad.

También, hay que decirlo, con la complicidad vergonzosa de otros sectores y hasta de algunos periodistas y medios.

La reacción frente a este fenómeno debe dejar de ser el esfuerzo particular de algunos medios y periodistas, y debe dejar de focalizarse, de manera individual, en cada amenaza a la libertad de expresión. Debe ser una respuesta global y parte de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y las principales entidades del periodismo como el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional del Periodistas y el Ipys.

Este no es el momento de quedarse callado frente a la amenaza al fundamento democrático del libre pensamiento que ha cobrado tanta fuerza durante el gobierno del presidente García. En libertad de expresión, el Perú no avanza; retrocede y bastante.