Por Augusto Álvarez Rodrich
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Contra la propuesta ‘zona de combate’ en el VRAE
Cuando el gobierno ha tenido la sensatez de anunciar el replanteo de la estrategia en el VRAE, debe cuidarse de los insensatos que, cual espontáneos, ya se han lanzado al ruedo: desde los hueleguisos graciosos con planes propios de jefe del serenazgo de distrito con poca plata; hasta los que se suponen expertos pero cuyas propuestas son tan descabelladas que parecen caballos de Troya.
El ministro de Defensa ha reconocido errores en el plan VRAE, los cuales son bastante evidentes porque, hasta el momento, lo único que se ve son ataúdes con cadáveres de nuestros soldados y policías, pero ningún avance efectivo contra el narcoterrorismo. Rafael Rey todavía no ha indicado el cambio que se hará pero sí ha dicho, con acierto, que habrá una mejora sustantiva en los equipos que emplean las fuerzas del orden.
El gobierno tiene por delante, por tanto, el desafío de qué hacer en el VRAE. No es la primera vez que, ante la tragedia de los muertos, se anuncia el cambio de estrategia, por lo que ahora debiera actuar con más cuidado y menos improvisación.
Fuera de las recomendaciones patéticamente graciosas de aventureros con pose de Indiana Jones, a los que no se les debe prestar ninguna atención, la iniciativa más notoria hasta el momento es la expuesta –con cara que sabe del asunto– por el vicepresidente Luis Giampietri: “Declarar (el VRAE) como zona de combate, ¿qué hacen civiles metidos ahí? Estorban y dificultan el trabajo, y dan pie a que las ONG denuncien a los oficiales de violación de derechos humanos”.
Dos personas que conocen el terreno, y a las que les pregunté en estos días sobre el tema, el presidente de Huancavelica Federico Salas y el periodista ayacuchano Pedro Yaranga, se ríen de la iniciativa de Giampietri.
Ambos coinciden en que, en lugar de expulsar a la población –una versión light del plan napalm que algunos alientan–, lo que se necesita es mayor presencia del estado con servicios públicos indispensables hoy inexistentes, lo cual es perfectamente compatible con una acción militar rigurosa, bien pensada y correctamente equipada.
La lucha contra el terrorismo en el Perú enseñó que no se puede tener éxito sin respaldo de la población. Por ello, es sensato que el premier Javier Velásquez haya descartado la propuesta del vicealmirante Giampietri.
El gobierno del presidente Alan García tiene por delante la gran oportunidad de ganar prestigio si logra darle golpes duros al narcoterrorismo en el par de años que le queda. Ojalá no la pierda, como ha ocurrido hasta ahora.
