Porque solo somos periodistas

Por Augusto Álvarez Rodrich

¿Por qué debemos desacatar este faenón del TC?

El Perú avanza, no hay duda, pero retrocede en la lucha anticorrupción y en las condiciones para la libertad de expresión, y esto se vuelve a demostrar con la sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC) que implica una mordaza a la prensa para beneficio de la corrupción.

Bajo la coartada de que estamos ante un revés para Alberto Químper, el TC ha aprovechado una causa planteada por este compinche de Rómulo León para legislar –sin que se lo pidieran– sobre libertad de expresión de tal manera que, en la práctica, les advierte a los medios que ya no pueden usar pruebas que, habiendo sido obtenidas ilegalmente, destapen hechos de obvio interés público como la corrupción.
Según el TC, a partir de ahora, para difundir un material de ese tipo, el periodista debe obtener, previamente, la autorización del que fue grabado o un mandato judicial para actuar en ese sentido. Asimismo, este fallo forzaría al periodista a tener que revelar un secreto sagrado: la reserva de la fuente.

Según esta sentencia con nombre propio, pues apunta a rescatar a los involucrados en los ‘petroaudios’, ¿se imaginan lo que la dupla Químper-León le habría respondido al periodista que les hubiera solicitado permiso para divulgar sus diálogos de cuchipanda? ¿O lo que habrían dicho los jueces de este caso que, dos años después del destape, se han esforzado para que no ocurra nada y hasta para desaparecer las pruebas?

El derecho a la intimidad debe ser protegido, sin duda, pero eso no implica tener que ocultar conversaciones privadas que se ocupen de temas de obvio interés público como la corrupción. Este fallo del TC protege a los políticos aconchabados con la corrupción y les ofrece impunidad. Es una vergüenza.

Este fallo no está aislado de todos los ataques que la prensa independiente ha sufrido desde este quinquenio por parte de los poderes ejecutivo, parlamentario y judicial. Si hubiera estado vigente hace dos años, Rómulo León y Alberto Químper estarían con los bolsillos más llenos de dinero sucio –y sus colas de rata mucho más largas–, Jorge del Castillo habría sido premier hasta hace poco y ahora sería el candidato presidencial del Apra, y Fortunato Canaán aspiraría a presidir la Confiep.

Ante este intento de amordazar al periodismo para que no pueda combatir a la corrupción, a la prensa independiente y comprometida con esta causa solo le queda desacatar el mamarracho del TC, para lo cual se puede recordar lo dicho hace poco por el director del diario español El País cuando le preguntaron sobre la legalidad de lo hecho por Wikileaks: “No lo sé, no soy abogado, nosotros solo somos periodistas”.