Crece la sospecha sobre el Poder Judicial.
Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
El comentario desfachatado que hizo Rómulo León cuando el automóvil en el que salía del penal se detuvo por un semáforo en rojo, encierra de un modo grotescamente certero el mensaje que querían oír los que presionaron por su mudanza de San Jorge a San Isidro, y es propio del que sabe que ya ganó.
“Que nadie se preocupe porque yo no tengo nada que decir que involucre a nadie, de manera que no tienen por qué forzar mi estadía en la cárcel”, rugió León para que no haya duda de que su salida de prisión fue ‘una buena decisión’. Pocas veces se escucha, con tanta claridad, que alguien le ponga la cereza roja al pastel, el lazo dorado al regalo, o la aceituna verde al martini, en un tremendo ‘faenón’ político-jurídico.
Los argumentos de la sentencia de la mudanza de León constituyen, como ya todos saben, un verdadero mamarracho sin pies ni cabeza y una abierta contradicción con lo que la misma sala decidió sobre un pedido similar hace muy poco. ¿Qué pudo haber cambiado desde entonces? Eche números.
Esa sola decisión constituye una expresión inequívoca del manejo tan sospechoso con el que se está realizando el proceso judicial de los ‘petroaudios’. A ello se suma la excesiva dilación en ver qué hay dentro de la computadora de León y la posibilidad de que a esta ya le hayan metido mano con el fin de que sus abogados utilicen ese argumento para inhabilitar todas las evidencias que hay en esos files.
La indignación por la manera como se está manejando el proceso de los ‘petroaudios’ fue el tema central de un inusual pero sumamente valioso encuentro realizado anteayer entre el alto mando del Poder Judicial y un grupo de periodistas –en el que tuve la suerte de participar–, a partir de una convocatoria del Consejo de la Prensa Peruana.
Lo más sorprendente fue la autocrítica de lo que viene sucediendo en este caso por parte de los principales magistrados del Poder Judicial, incluyendo a Javier Villa Stein (presidente de la Corte Suprema), el vocal César San Martín (uno de los pocos jueces con credibilidad y respeto), y el controvertido César Vega Vega (presidente de la Corte Superior de Lima).
Todos coincidieron en que la labor del juez Jorge Barreto, a cargo de los ‘petroaudios’, produce legítima sospecha. Diferente fue la opinión sobre la jueza María Martínez, a cargo del caso de los chuponeadores, quien a diferencia de Barreto, sí ofreció ayer a los periodistas una explicación sólida de lo que viene haciendo.
¿Por qué un juez puede hacer mal su trabajo? Solo por tres motivos: incapacidad; pérdida de autonomía por la presión de algún poder; o por dinero. Creo que, en este caso, la primera razón debe descartarse.
