Los nombres cambian pero el problema es el sistema.
La nueva denuncia de tráfico de influencias, esta vez para favorecer a una constructora brasileña, agrava la situación del vicepresidente Omar Chehade, pero –de llegar a probarse– él no sería el único magullado pues, además de algunas empresas privadas o de la policía, junto con muchas otras instituciones, lo que está en cuestión es todo un sistema podrido y corrupto de hacer las cosas en el Perú.
Cuando la tormenta por la denuncia para favorecer al Grupo Wong en Andahuasi aún no había amainado –por el contrario, cada día se agrava más–, Cuarto Poder dio cuenta este domingo de una nueva acusación que significa llover sobre mojado.
Según la misma, cuatro días después de la segunda vuelta, Chehade se reunió –como vicepresidente y congresista electo– con el entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo, con el fin de direccionar una licitación del segundo tramo del Tren Eléctrico –que implica una inversión de US$549 millones– a favor de la constructora brasileña Andrade Gutiérrez.
Chehade ha reconocido haber tenido la reunión, que en la misma sí se conversó sobre el Tren Eléctrico, que asistió por encargo de Salomón Lerner, y que no buscó beneficiar a Andrade Gutiérrez. El hoy premier debe explicarle al país por qué envió a Chehade a conversar con el gobierno aprista sobre el Tren Eléctrico, o desmentirlo, lo cual lo hundiría aún más.
Asimismo, un hecho que debe ser encarado es el run run persistente y pernicioso que acompaña a las constructoras brasileñas. No sé si alguien se los haya dicho, pero su reputación es desastrosa en medios empresariales, políticos y periodísticos.
Pero no solo son ellas pues –salvo excepciones– las firmas locales también tienen problemas. El grupo Wong, por ejemplo, hace rato que ha debido dar una explicación por lo conversado, entre anticucho y chicharrón, en Las Brujas de Cachiche. Pareciera, lamentablemente, que el ‘Peruvian doing business’ es –con excepciones valiosas– indesligable de la cuchipanda.
El nuevo director general de la PNP, Raúl Salazar, tampoco sale bien parado. Para una institución que sufre de un problema profundo de corrupción, y que requiere una reforma de raíz, no es un buen comienzo empezarla con rabos de paja.
Pero sería injusto señalar a unas empresas o la policía como únicos actores de la gran cuchipanda nacional, pues también la forman, entre muchos otros, partes de la justicia, del Congreso, de la fuerza armada, de los gobiernos –desde el central hasta el municipal, incluyendo al regional– o del periodismo.
Lo podrido es el sistema en su conjunto, el cual promueve este tipo de comportamientos. Cambian las caras cuando cambian los gobiernos, pero el mal olor es el mismo.
