Por Augusto Álvarez Rodrich
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La siempre compleja relación civil-militar.
El último par de meses ha traído varios incidentes relevantes que, vistos dentro de una perspectiva conjunta, dan cuenta de una relación compleja de las fuerzas armadas y policiales con el sistema democrático que todavía no ha sido bien resuelta, lo cual perfila una agenda pendiente de ser abordada.
El primero fue la estrepitosa salida del general Edwin Donayre de la Comandancia General del Ejército, a fines del año pasado, luego de que se revelara el video de una reunión social en donde este lanzaba absurdas arengas antichilenas.
Pero lo más patético no fue eso sino la telenovela que Donayre armó alrededor de su retiro del cargo, lo cual realizó con total falta de respeto a la autoridad civil representada por el ministro de Defensa, y en medio de unas ceremonias grotescas que habrían sido más apropiadas para la despedida de algún futbolista pero no del comandante general del Ejército.
Salvo que, por un lado, este general tenga ganas de lanzarse al ruedo de la política, como de hecho ya lo ha anunciado, y que, por el otro, cuente con algún tipo de simpatía del gobierno por el hecho de creer que su candidatura podría bajarle alguna llanta al jeep de campaña de Ollanta Humala.
Otro impasse civil-castrense sucedió luego de que el presidente Alan García anunciara el objetivo del gobierno de vender dieciséis hectáreas del extenso terreno de la sede militar ‘el Pentagonito’. La inmediata reacción en contra que tuvo el mando militar, cuyos voceros fueron un grupo de ex comandantes generales en retiro de la institución, fue exitosa pues la propuesta presidencial fue rápidamente archivada.
Al margen de la conveniencia o no de la venta del terreno, lo llamativo fue la reacción de las fuerzas armadas, las cuales dieron a entender que ese lote es coto privado en el que la autoridad militar se reserva el derecho de admisión.
De otro lado, cuando hace poco dos policías fueron asesinados durante el desalojo del bosque de Pómac, los agentes que estaban cerca lanzaron encendidos reclamos –entendibles por el difícil momento– al poder político por una real o supuesta incomprensión por el manejo de los derechos humanos.
Finalmente, el más sonoro incidente es el que se sigue revelando día a día: la participación de marinos en retiro –pero con sospecha de relaciones con su institución– dedicados al espionaje, chuponeo y sabe Dios qué cosas más.
Es claro que no estamos ante una amenaza de golpe militar ni nada parecido, pero los incidentes mencionados constituyen expresiones con el mismo telón de fondo: la necesidad que existe de avanzar, sin dudas ni murmuraciones, en la reforma militar.
