Por Augusto Álvarez Rodrich
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Alberto Fujimori a la espera de su sentencia.
ste 5 de abril, diecisiete años después de que Alberto Fujimori decidiera “disolver, disolver” el Congreso de la República, encuentra al protagonista de ese autogolpe en el banquillo y en capilla, a la espera de la sentencia en el proceso por violación de derechos humanos –el más grave de todos los que enfrenta– que se conocerá este martes.
Más de un año después de iniciado este juicio, casi en lo único en que han coincidido los fiscales y los abogados de la parte civil y de la defensa es en que el desempeño del tribunal presidido por César San Martín ha sido excelente, altamente profesional y neutral, un consenso poco usual en procesos tan difíciles como el que está por concluir.
Si hay consenso en la calidad profesional exhibida por la corte, lo que corresponde –a dos días de que se conozca la sentencia– es que el país y principalmente las partes directamente afectadas tengan confianza en que el fallo será justo y que debe ser respetado, cualquiera que sea su sentido.
Los fujimoristas esperan que se declare la inocencia de su líder, algo improbable después de todo lo escuchado en la sede judicial establecida en la Diroes. Pero si ese es el fallo, será una señal de que el tribunal no encontró elementos razonables para condenar a Fujimori, y habrá que respetar esa conclusión.
Pero si el martes se condena a Fujimori será porque la corte concluyó que las pruebas exhibidas ofrecen elementos razonables sobre algún tipo de culpabilidad en la violación de derechos humanos ocurrida durante su Presidencia. Es crucial comprender que a Fujimori no lo juzgan por sus políticas de gobierno, ni siquiera por cerrar el Congreso, sino por el asesinato de Barrios Altos y de los estudiantes de La Cantuta.
Si Fujimori es condenado por ello, el mensaje al país y al mundo será una advertencia inequívoca sobre lo que les espera a todos aquellos que, desde una posición de poder, promuevan y consientan la violación de derechos humanos.
De otro lado, una de las preguntas más reiteradas en las últimas semanas, incluyendo no pocas apuestas, es cuántos años de cárcel recibiría Fujimori. Pero esto puede ser secundario ante la implicancia que tendría una sentencia condenatoria por violación de derechos humanos.
Si después el condenado recibe un indulto de Alan García, de una eventual presidenta Keiko Fujimori, o de algún otro que llegue a Palacio gracias a un pacto con el fujimorismo –endose de votos a cambio del perdón–, eso será parte de la frondosa historia de la componenda política en el país. Pero el baldón de condenado –y todo lo que ello implica– no se lo quitaría nadie.
