El interés público, la vida privada y el periodismo.
A las once de la noche del miércoles pasado sonó mi celular con la llamada de un número no identificado, de alguien que no conozco, quien me preguntó si quería recibir información –sin precisar el tema– que me podía interesar.
Siempre acepto toda información ofrecida, aunque la mayoría de veces carezca de interés público y solo tenga relevancia particular, como solicitudes de reposición, denuncias a un vecino, y planes locos para solucionar todos los problemas del mundo.
Esto es como la pesca artesanal, uno tira el anzuelo esperando que pique algo interesante, aún cuando la mayor parte de las veces lo mejor que salga del mar sea un zapato viejo.
Pero cuando abrí este email poco antes de la medianoche supe que la pesca era buena: cuatro files con extractos de una conversación de Marco Tulio Gutiérrez, el promotor de la revocatoria a Susana Villarán.
Nunca supe quién me los envió pues no pude retomar el contacto a pesar de mi esfuerzo. Es obvio que quería perjudicar a Gutiérrez y a la revocatoria. Pero a un periodista no le interesa, finalmente, quién es el mensajero sino evaluar la conveniencia de publicar el mensaje que trae.
Nadie –periodistas incluidos– debe invadir la intimidad de las personas. Pero si un tercero enviara al periodista información privada obtenida de manera ilegal, sí puede realizar una excepción si es que, primero, es verosímil; segundo, involucra a personas públicas; y, tercero, se ocupa de materias que no sean íntimas o privadas sino de evidente interés público.
Mi evaluación de los audios de Marco Tulio es que cumplían cabalmente los requisitos para su difusión, lo cual hice, sin dudar, en mi programa ‘Buenas Noches’ de ATV+ del jueves, los cuales fueron reproducidos al día siguiente por La República.
Esta información es, sin duda, de interés público porque aporta indicios suficientes para, primero, sospechar de la veracidad de las firmas para la revocatoria de Villarán. Segundo, porque demuestra que su objetivo no es servir el interés de Lima y de su población sino, al menos, los fines particulares de Gutiérrez, sin descartarse que también se beneficie a terceros que aún no se ha podido probar, pero que todos sospechan.
Esto no es un delito pero sí una conducta política condenable que el ciudadano tiene derecho de conocer pues revela que Gutiérrez y los aún no identificados que lo respaldan, actúan con una frivolidad inaceptable que no persigue el interés público sino la motivación subalterna.
Eso es lo que el Congreso quiso impedir con la ‘ley mordaza’, la cual aludía a la figura del delito, y que el presidente Ollanta Humala evitó al observarla y proponer, sabiamente, el concepto del interés público.
