Vuvuzelas de La Oroya

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El incumplimiento de Doe Run ya no da para más.

Los serios problemas de la operación en La Oroya de la empresa Doe Run configuran una falla del mercado que ocasiona graves consecuencias ambientales –sin contar el ‘cabezazo’ a los acreedores y al fisco– que demandan algún tipo de intervención gubernamental que debiera ser escogida e implementada con inteligencia con el fin de evitar que la lavada salga más cara que la camisa.

A esas alturas del problema, seis años después de negociaciones, incumplimientos, engaños y embustes, ya es evidente que ‘esto’ ya no da para más.

‘Esto’ significa, en este caso, el incumplimiento de un conjunto de obligaciones tributarias y ambientales que han acabado por derrumbar cualquier atisbo de credibilidad de Doe Run en el gobierno, en los acreedores, en la comunidad preocupada por el cuidado del ambiente, en el sector empresarial y, en general, en el país. Esta compañía ya ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

La deuda acumulada por Doe Run con la Sunat es de S/.760 millones y las obligaciones impagas con proveedores suman alrededor de US$110 millones, mientras que, en el plano ambiental, se sigue postergando el cumplimiento cabal del PAMA, el cual requiere una inversión de unos US$150 millones.

El replanteamiento de todas estas obligaciones se ha venido negociando a través de sucesivas postergaciones. El nuevo plazo en el que la empresa debería reiniciar la operación y asegurar el cumplimiento de todas sus obligaciones vence en apenas cinco semanas, pero ya se prevé –por los comunicados que ha difundido Doe Run– que esto no se hará efectivo.

Con la excusa de que “subsisten algunas inconsistencias que deben ser superadas en base al diálogo con los representantes del Ministerio de Energía y Minas”, acompañada de una campaña de imagen que solo despierta más suspicacia, Doe Run pretende ahora seguir engatusando al país.

Como parte de ello, y usando el miedo legítimo de la población adyacente a la operación a perder del empleo, Doe Run está movilizando –según el gobierno– a la gente para realizar acciones de fuerza como el bloqueo de la Carretera Central.

Esto ya estuvo bueno. Basta de burlarse del país. El gobierno debe prepararse para poner en marcha una intervención inteligente que permita proceder a la reestructuración de esta operación minera –por ejemplo, en el ámbito del Indecopi– con el fin de establecer las condiciones para un desarrollo responsable del proyecto metalúrgico de La Oroya que esté en armonía con la legalidad y la decencia.