¿Qué nos hacemos con este Congreso lamentable?
La revelación de que una congresista posee un negocio ilícito de pirateo de TV por cable podrá indignar al ciudadano pero no sorprenderlo, pues este ya se resignó a que cada nuevo Congreso sea peor que el anterior.
La congresista Celia Anicama Ñáñez, de Gana Perú, es propietaria –según la denuncia de El Comercio– de la Radio y TV Orión, la cual roba la señal de TV por cable y lo vende a suscriptores de Pisco por treinta soles al mes. Ella y su esposo no son ajenos al negocio ilícito en la zona. Según la misma investigación periodística, en 2002 su discoteca El Gozador fue cerrada porque servía de fachada para la prostitución clandestina.
Si este fuera un hecho aislado, vaya y pase, que se procese como corresponde y a mirar para adelante. Pero a menos de tres meses de iniciado el nuevo Congreso, los casos identificados de parlamentarios cuyo pasado parece un prontuario, en lugar de trayectoria, llega a casi el diez por ciento.
Minería ilegal, prostitución clandestina, proxenetismo, explotación sexual, contaminación de ríos y del medio ambiente, lavado de activos, daño a la propiedad privada, usurpación de bienes, y lesiones graves, son acusaciones que pesan sobre algunos congresistas y que podrían recorrer el Código Penal.
Peor aún: es frecuente la práctica congresal de conseguir colocarse en comisiones que pueden influir sobre el negocio propio. El ya popular ‘Comeoro’, por ejemplo, se coló en la de Energía y Minas, y Anicama estaba en la de Fiscalización.
Antes que hechos accidentales, su elevada frecuencia los hace parecer un modus operandi, lo cual ahonda el desprestigio del Congreso, una institución crucial para el funcionamiento de la democracia. Ayer, cuando pregunté en el twitter dónde debería ser la siguiente sesión descentralizada del Congreso, un bromista dijo, pensando en todos estos problemas, que mejor sería hacerlo en el penal de Piedras Gordas.
¿De quién es la culpa de los congresistas truchos?, preguntaba hace unas semanas Mirko Lauer en este diario. La lista incluyó desde el voto preferencial, los medios por no hacer la revisión sanitaria antes de la elección, y hasta a los votantes.
En opinión de este columnista, la responsabilidad principal radica en el método de reclutamiento de las listas de candidatos, el cual privilegia el dinero aportado al financiamiento de la campaña electoral.
La solución pasa por un replanteo general de la forma de hacer política en el Perú y del mecanismo para financiarla, lo cual requeriría una reforma general que, sin embargo, nunca se hará porque los que deben hacerla son los mismos delincuentes que hoy se benefician de las reglas actuales.
