El lunes pasado ATV difundió una investigación policial de interés público. Para el miércoles el Estado había logrado hacer repetir en coro a toda la prensa que tal investigación no existía. Para el jueves el seguimiento estatal a los periodistas de ATV era tan desfachatado que el viernes tuvo que ser denunciado. Para hoy domingo tal denuncia ya no existe ni en el recuerdo.
La prensa compite por sus primicias. Es natural que así sea. El público es mejor servido y los equipos periodísticos hacen mejor su trabajo. Cuando la noticia implica una gran revelación, es imposible sustraerse a su cobertura general. El Estado, si es el expuesto en falta, hará todo lo posible por controlar el daño, bajándole el tono, distrayendo, buscando culpables, desacreditando al medio o a sus periodistas, o reconociendo rápidamente culpas para salir andando lo más pronto posible. La prensa, la buena prensa, tendrá cuidado en comprarse la versión oficial, corroborará con sus propias fuentes y buscará nuevos ángulos en la información. De vez en cuando cometerá errores, y si es buena prensa, los reconocerá. Así funciona esta libertad constitucional, este pacto entre medio y audiencia. Eso es lo que usted puede esperar de nosotros.
Lo que no es esperable es que cada vez que se hace una denuncia de chuponeo en el Perú nuestros colegas salen corriendo, pero en sentido contrario al de la noticia. En el caso de los Petroaudios vimos con tristeza, los que estábamos del lado de la investigación, que el mayor esfuerzo de la prensa estuvo en crucificar a los que los difundieron, cuestionar su buen periodismo hasta en foros públicos, exigirles en portadas chillonas que, en la práctica, revelen sus fuentes acusándolos de delitos, a ellos y a otros inocentes, para amenazarlos con toda clase de procesos. Esa conducta, esperada en el Estado, fue asumida entonces por la prensa con entusiasmo de relacionista público.
Parece que la historia hoy se repite. Tenemos, otra vez, una historia de chuponeo. Un documento (utilizado para una exposición hasta hoy no negada al fiscal) fue convertido en “apócrifo” por el Ministerio del Interior. Lo natural en estos casos, su papel es negarlo todo. Lo que no es natural es el coro que con vocación de notarios se elevó desde los “expertos” periodistas: ¡Le faltan sellos! ¡No tiene número! ¡No identifica a los autores! ¿Una llamada para corroborar alguna información? ¿Algún contacto directo con testigos, informantes, otras fuentes policiales? No. “Si el Ministro ya dijo que es apócrifo, no existe”. Listo. ¿Y las demás personas investigadas? “Si ya lo negaron todo, no hay investigación”. Ya.
Si la versión oficial es la única versión real e incuestionable, me quedan dos preguntas. La primera ¿para qué necesitamos periodismo? Como en las peores dictaduras tenemos fuente única: el Estado ¿para qué más?
Y la segunda, ¿por qué se sigue a periodistas que investigan documentos inexistentes? ¿No será que sí existen?
