El señor Mollohuanca, alcalde de Espinar, ex aliado político del nacionalismo ésta preso. Es lamentable que así sea. La cárcel no puede deseársele a nadie, menos a una autoridad electa. Esta sólo debe ser el último recurso de una sociedad democrática para hacer justicia. Sin embargo, es un recurso legal y constitucional cuando se presume la comisión de uno o más delitos, como en el caso de las revueltas en Espinar. Dos muertos, más de 70 policías heridos, el incendio de las instalaciones de la Fundación Tintaya, el incendio de una camioneta de la Fiscalía, el breve secuestro –pero secuestro, en cualquier caso– de un fiscal y la amenaza directa a las instalaciones de una empresa privada constituyen, en el marco del Código Penal, hechos graves en los cuales se le imputa responsabilidad al alcalde. Un juez conduciendo una investigación debida y garantizándole todo sus derechos debe probar sus culpas, si estas existen.
Hay quienes creen que aplicar la ley penal es “criminalizar la protesta”. El cliché, como tantos de la izquierda, se termina cayendo como el muro de Berlín. La protesta no es un crimen. Es un derecho constitucional. Expresarse, reunirse, opinar, discrepar son conductas protegidas por la Constitución e indispensables para la vida democrática. Pero este derecho tiene límites, como cualquier otro. Y esos límites impiden matar, herir, incendiar, tomar carreteras, destruir propiedad pública o privada, extorsionar comerciantes, atacar servicios públicos, secuestrar y amenazar. Si se hace o se intenta hacer, la sociedad tiene derecho a defenderse. ¿Por mano propia? No, eso sería la barbarie. El monopolio de esa defensa se entrega a la policía, a los fiscales y a los jueces. Así funciona la democracia. La defensa auténtica de los derechos humanos de todos se inscribe en esas sencillas reglas. ¿Tan difícil es de entender?
Sin embargo, cuando la democracia es precaria, como la nuestra, las reglas se quiebran para afectar a los más débiles: los muertos y los heridos. Nunca hay responsables para ellos. Ahí están los muertos de Bagua mirando al Poder Judicial. ¿Resultados tres años después? Ninguno. ¿Dónde está la justicia para los familiares de 23 policías asesinados, un grupo de ellos, luego de rendidos? ¿Dónde está para los 10 civiles cuyas familias quieren saber, con todo derecho, qué fue lo que les pasó?
Tal vez, por esta tradición de impunidad, los promotores de la violencia creen que nada les va a ocurrir porque, de hecho, nada les ocurre. La protesta criminal abre un “tiempo muerto”, un “todo vale” donde se asume que se suspende toda ley. Un carnaval antes de la cuaresma. El país se va al limbo, pasando por el infierno. ¿Y sabe por qué? “Porque si no hacemos esas cosas no nos hacen caso”. Esa es la respuesta común y aterradora del salvajismo más infantil de la política peruana. Y lo peor es que como parte del “diálogo” post revuelta, el Estado aceptó negociar una y otra vez la impunidad de los promotores de estos crímenes. Como si nada, ¿o para tapar sus propias culpas?
El alcalde Mollohuanca está preso. Es un hecho insólito, es verdad. Nadie ha pagado con cárcel por estos crímenes en el pasado. Pero, ¿sabe cuántos muertos hay por conflictos sociales desde que fue detenido? ¿Cuántas propiedades incendiadas? ¿Cuántos heridos en Espinar? Ninguno.
Si eso no es un breve éxito para la defensa de la vida, ¿qué cosa lo es?
