El “Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales” (MOVADEF) ha pedido su inscripción como partido político ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. La respuesta debe ser un rotundo no. Los antecedentes de MOVADEF, brazo legal de SL, no dejan lugar a duda. Su agenda política, de punto único, es sacar de la cárcel a toda la cúpula del terror, empezando por su líder Abimael Guzmán. Sobre este nefasto sujeto, que será recordado en nuestra historia como el más abominable asesino y violador de los DDHH, ya todo se ha dicho. Solo cabría anotar que, inhabilitado legalmente para todo ejercicio político, un asesino condenado por organizar la maquinaría de terror más sangrienta de nuestro pasado no puede ser el líder de facto de ninguna organización democrática. Nadie que se levante contra gobiernos democráticos puede ser parte de la democracia.
Sin embargo, para defendernos del terror no basta usar el corazón, sino también el cerebro. El enemigo, vencido militarmente en el campo de batalla al que condujo al Estado peruano, puede ganar batallas legales si no estamos unidos frente a él. Lo primero que dirá quien quiera aprovecharse del sistema democrático es que no se le puede negar participación si cumple con las formas. Y el problema acá es que cumplir con las formas no es difícil.
Una revisión de la Ley de Partidos Políticos permite encontrar elementos suficientes para denegar la inscripción. Por ejemplo, dice la norma que un objetivo del partido político es “contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los DDHH”. ¿Puede el “Pensamiento Gonzalo”, base del ideario de MOVADEF, sostener esos principios sin provocar indignación? Sin embargo, el artículo 14 establece que la declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática (y señala específicamente actos terroristas) solo puede ser expresada por la Corte Suprema a pedido del Fiscal de la Nación o Defensor del Pueblo. Hay aquí, por tanto, un trabajo legislativo urgente para corregir un sinsentido legal. ¿Tendría que inscribirse al MODAVEF para poder declararlo ilegal? Obviamente, no tiene sentido, pero la norma actual daría pie a esa interpretación.
La historia del Apra, víctima de declaraciones de ilegalidad arbitrarias a lo largo de la historia, puede haber influido en la redacción de nuestras leyes. Sin embargo, nuestra correcta apertura democrática será aprovechada, sin duda alguna, para llevar al Estado Peruano al Tribunal Constitucional, a la CIDH, foros ante los cuales se requiere tener mejores instrumentos legales de los que hoy tenemos y a los cuales hay que llegar con sentencias previas sólidas.
La declaratoria de nulidad del JNE abre una ventana de oportunidad para construir una mejor legislación y blindar al Estado y a la sociedad frente a lo que se viene. El Congreso debe reunirse de emergencia y discutir las iniciativas legislativas del Ejecutivo y las suyas propias para corregir lo que haya que corregir y fortalecer lo que haya que fortalecer, convocando a los mejores juristas del país. El tema estaba en agenda hace años y no hicieron nada. En vez de insultar al JNE, corran y hagan lo que tienen que hacer para ahorrar esta vergüenza a nuestra democracia.
