Ahogando el ninguneo de los medios, la Marcha por el Agua ocupó el centro histórico de Lima y copó la Plaza San Martín el viernes pasado. Una impresionante conjunción de fuerzas sumó, a los cajamarquinos y norteños que llegaron a la capital, decenas de miles de integrantes de colectivos juveniles, trabajadores, organizaciones de mujeres, intelectuales y fuerzas políticas progresistas y de izquierda, incluyendo a importantes contingentes nacionalistas y de Gana Perú.
El centro de la demanda: la defensa del agua. Declarar el acceso al agua como un derecho humano que el Estado debe garantizar, proyecto presentado desde noviembre al Congreso. Proteger las cabeceras de cuenca, puntos originarios del agua, de grandes proyectos extractivos que destruyan milenarios sistemas hídricos que nacen allí y privan de agua a un país en el que más del 60% de su población, en la costa, apenas recibe un 2% de las aguas del país, pues el resto se va hacia la Amazonía y la cuenca del Atlántico. Y, tercero, prohibir el uso del mercurio y del arsénico en actividades mineras por el grave riesgo a la salud y el carácter contaminante de estos elementos. Ciertamente, propuestas claras y que tocan fibra en muchísimos sectores de la población, desde los agricultores hasta poblaciones de ciudades afectadas por la escasez de agua y jóvenes que ven el peligro que el escenario actual presenta para el futuro.
Esta importante movilización nacional en Lima coincidió con la difusión de una encuesta de Datum que da 58% de aceptación al presidente Humala, aunque el primer ministro Valdés apenas llega al 26%. Sin duda, una importante cantidad de votantes por Humala estuvieron en la movilización, originada en la conflictiva situación del proyecto Conga de minera Yanacocha en Cajamarca. Este, junto a Andahuaylas, puso sobre la mesa las condiciones para la actividad minera en el país y los problemas de nuestra cercanía a un estrés hídrico en la costa peruana. Pero, sobre todo, puso sobre la mesa las políticas del gobierno, los compromisos asumidos en la campaña electoral –primera y segunda vuelta– y, especialmente, la relación del gobierno con los movimientos y conflictos sociales. Estos últimos están creciendo a un ritmo de 10 adicionales al mes, mientras las numerosas mesas de diálogo caminan con extrema lentitud.
Un factor clave en este complejo proceso, que va acumulando condiciones de confrontación de no encarar las circunstancias de otra forma, es la actuación del primer ministro Valdés. Se niega a incorporar a movimientos sociales a los mecanismos de diálogo, con el argumento de tratar sólo con autoridades elegidas. Declara el Estado de Emergencia a la primera de bastos y se apoya en el amedrentamiento en lugar de resolver los problemas que plantean los movimientos. Impone –en temas delicados como los del peritaje del cuestionado Estudio de Impacto Ambiental de Conga– un proceso a cargo de desconocidos, en cuya elección no intervino nadie sino él mismo y que, por lo tanto, carece de confiabilidad y licencia social. Se declara admirador del pragmatismo fujimorista, minimiza el fortalecimiento de empresas públicas estratégicas como Petroperú y sus alianzas con empresas como PDVSA o Petrobrás, maltrata a las víctimas de la violencia tratando como “teatralizados” sus testimonios… ¿A dónde nos va a llevar este personaje?
Todo indica que no es a buen puerto. Tampoco es una figura que genere confiabilidad a inversionistas interesados en trabajar sana y transparentemente en el Perú. En realidad puede terminar poniendo al Presidente contra la pared, enfrentado a quienes de dieron el voto para ser autoridad suprema y le confiaron sus sueños y esperanzas.
Junto al malestar social, el movimiento de intelectuales progresistas y líderes sociales que trabajaron las propuestas programáticas y la visión de país que el propio Ollanta Humala sembró en la mente de millones de peruanos, articulados en Ciudadanos por el Cambio, ha emitido un pronunciamiento apoyando la Marcha por el Agua y reclamando el alejamiento de Valdés y su estilo del gabinete. La brecha se ahonda.
