Días atrás, el Primer Ministro Oscar Valdés declaró que en el Informe Final de la CVR hay mucha “teatralización” en los testimonios de víctimas y familiares, se ha “sobredimensionado” víctimas, y da a entender que el Informe busca perjudicar la imagen de las FFAA. Sus declaraciones no son un trueno en cielo sereno. Se dan en el marco de una ofensiva de la derecha extrema y el fujimorismo contra el Informe de la CVR buscando relacionar el Informe con la aparición del Movadef, obvia fachada del senderismo, con el absurdo argumento de que referirse al “Partido Comunista Peruano por el sendero luminoso de JC Mariátegui” es quitarle el carácter terrorista a su accionar y acervo doctrinario. ¿Acaso ello ha ocurrido en Alemania cuando se habla del Partido Nazi pero a su vez se proscribe a toda fuerza vinculada al nazismo?
La CVR realizó una investigación nacional cuyos relatos y datos han sido confirmados con trabajos posteriores. En recientes declaraciones a El País, el propio presidente Humala dio cuenta de la existencia del “Manual de Contrainsurgencia ME 41-7”, manual operativo que ordenaba a los militares la liquidación física de los líderes y colaboradores de los movimientos terroristas, aun cuando no estuvieran armados.
Valdés contradice frontalmente los enunciados del Nacionalismo en su programa de gobierno “Llapanchik–Perú de Todos Nosotros 2006-2011”. Allí, el PNP no solo respaldó al Informe Final de la CVR, sino reclamó tomar en cuenta las reformas institucionales recomendadas por ésta y la perentoria necesidad de “una investigación exhaustiva, la judicialización de los casos de violación de derechos humanos y la sanción ejemplar de los responsables civiles, policiales y militares en estricta correspondencia de las responsabilidades establecidas”. Esto se reiteró en el plan de gobierno de GP 2011-2016. Así, lo que Valdés califica de teatralizado, sobredimensionado y anti-FFAA, enfrenta el programa de GP.
Valdés enfrenta también la noción misma de reconciliación propuesta por la CVR: un proceso de refundación de los vínculos entre los peruanos, destruidos por el estallido del terror. La reconciliación se construye, no desde la impunidad -como pretenden SL y el fujimorismo cuyo “pragmatismo” encandila a Valdés- sino estableciendo la verdad, así como sus causas y consecuencias, la justicia y la reparación de los daños y secuelas. Por eso el Estado debe respetar los DDHH, y ser garante de la seguridad ciudadana en una cultura de paz. Y es inaceptable la inscripción del Movadef -portavoz del “pensamiento guía Gonzalo”- así como la libertad de Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad.
Además Valdés admite que fue él quien redactó la carta de felicitación a los integrantes del “grupo Colina”, en coordinación con el condenado Vladimiro Montesinos (entrevista de Milagros Leiva, El Comercio). El gobierno debe definir su posición ante estas concepciones de Valdés, quien además ha asumido posiciones contradictorias con propuestas y acciones gubernamentales centrales. Ha declarado que la “Gran Transformación no es viable” en este quinquenio, abandona los compromisos electorales asumidos por el cambio. Ha minimizado el Acuerdo Marco firmado con Venezuela y la visita de una importante delegación de PDVSA para fortalecer Petro Perú, pues ha declarado que no está en la agenda prioritaria. Para colmo, declara su admiración por el pragmatismo fujimorista, mientras encara la situación de Cajamarca con mecanismos que cierran las puertas al diálogo con las organizaciones sociales afectadas, impone un peritaje sin transparencia ni aceptación social de tres peritos casi clandestinos, abriendo las posibilidades de una delicada confrontación que algunos alientan para quebrar relaciones del movimiento social y el gobierno.
Valdés, sin identificación con la población y los sectores más excluidos de nuestra sociedad, puede ser un detonante en un país con centenares de conflictos activos o larvados. Se necesita personas abiertas al diálogo y conciliación, no personajes que causen más división.
