Ese diablo nos tienta

Por Federico Salazar



Alberto Fujimori no podrá ser juzgado por la liquidación del estado de derecho. No fue él quien lo destruyó, pero le dio, sin duda, el tiro de gracia.



Un importante sector de la opinión pública lo da por culpable en los casos La Cantuta y Barrios Altos.La calidad de las pruebas para tal tipo de acusación, sin embargo, es precaria. Es difícil por eso que los jueces lo condenen por homicidio calificado.



Todas las pruebas y testimonios presentados requieren interpretación, deducción o hipóstasis. No certifican, no documentan, no dan certeza indubitable de la autoría material o intelectual.



Un juez no puede condenar con argumentos como el que dio un experto penalista: “Un mandatario no puede venir a decirnos que no sabía nada, sobre todo cuando la matanza de Barrios Altos ocurrió a pocas cuadras de Palacio de Gobierno” (El Comercio, 4.4.09, p. a2).



Fujimori nos hizo ese daño. Nos apasionó, nos politizó y, a partir de los enconos que provocó, muchos han quedado incapacitados para una aséptica reflexión jurídica.



Los jueces no deberían caer en esa tentación. Si lo hacen, serán víctimas de la peor herencia del fujimorismo: la erosión del estado de derecho por efecto de la voluntad política.



No creo que se haya probado con certeza judicial la autoría, material o intelectual, de Fujimori en las horrendas matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.



El inculpado, por otro lado, ha basado su defensa en la política antisubversiva que instruyó. Esa política incluyó el otorgamiento de poderes no controlados a Vladimiro Montesinos en el manejo de su aspecto central, la “inteligencia”.



Los jueces tendrían que evaluar esa negligencia, esas omisiones, esos retorcimientos de la institucionalidad. Finalmente ese diseño facilitó a los asesinos materiales el manejo de armas, informaciones y recursos del Estado.



Si es así, los jueces tendrán que enderezar la acusación, adecuar el delito a un tipo distinto, en lo que los penalistas llaman “adecuación típica”.

Los ciudadanos, por supuesto, sólo podemos limitarnos a opinar. La decisión es de los jueces, y son ellos los que saben.



En las opiniones, sin embargo, no deberíamos caer en la tentación de dejarnos llevar por lo que tanto alentó Fujimori: sustituir el criterio de justicia por el de la política. Ése fue, justamente, el agente destructor del estado de derecho.



Pedir la condena de Fujimori por homicidio calificado, sin pruebas ciertas, es hacerle un homenaje a su herencia antiinstitucional. Ese diablo nos tienta. Por eso, aunque Fujimori sea el beneficiado, hay que defender la legalidad.