Gracias, Romina

Por Federico Salazar

Romina Cornejo Ramos tiene tres años y sufre de cuadriplejía. Recibió un balazo que le partió la médula. El criminal que disparó a esta niña tenía antecedentes.

El Congreso redujo los beneficios penitenciarios. José Luis Astuhuamán Estacio, el delincuente que disparó contra la niña Romina, tenía antecedentes y había purgado prisión varias veces.

El caso es emblemático. Los delincuentes son atrapados por la policía. En el mejor de los casos son procesados. Muchos, sin embargo, reciben penas benevolentes y, además, salen libres con los beneficios penitenciarios.

Está bien que se revise la legislación de los beneficios. Nadie ha dicho, sin embargo, que lo que hay que rehacer es el criterio de los jueces.

Astuhuamán Estacio, alias “Papita”, disparó a Romina porque no encontró más que robar. La vida de Romina y de su abuela, que la sostenía, le valieron nada. Y disparó.

¡Total! No pensó que lo atraparían, y si lo hacían, ¡ya había salido tantas veces de prisión! Una más.

Este sujeto, en el momento del atraco, tenía tres procesos vigentes: por robo agravado en banda, asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de armas. Una orden de captura en su contra venció el 15 de diciembre del año pasado. No fue renovada.

En otro de los procesos simplemente no se le dictó orden de captura. Este sujeto tenía que haber estado tras las rejas. No lo estaba por acción u omisión de los jueces.

La OCMA investiga a esos jueces, para ver si encuentra algo ilícito. Es un error. No sólo hay que buscar en lo ilícito, sino en lo lícito: la idea de la benevolencia con el criminal.

Hay que investigar la negligencia, el criterio negligente, la idea de que no pasa nada, de que no es importante, de que da lo mismo. Hay que saber por qué los jueces, que son los que deben cerrar el paso a los delincuentes, creen que el suyo es un deber subsidiario y, a veces, hasta negociable.

La raíz del problema está en la doctrina sobre la administración de la justicia. Las penas tienen que ser duras con los salvajes, pero, sobre todo, tienen que hacerse efectivas.

Muchos jueces han hecho que las penas no protejan los derechos. Las han castrado. Las han convertido en objeto de burla. De ahí la impunidad, el incremento no sólo del crimen, sino de la alevosía y la crueldad.

Si no fuera por Romina, no se habría pensado en las penas. Las leyes, sin embargo, no arreglarán el problema. La batalla decisiva tiene que darse en la mentalidad de quienes juzgan y sancionan en defensa, se supone, de los derechos de las personas y la paz.