Por Federico Salazar
El presidente Alan García ha propuesto reducir el mandato congresal a dos años y medio. El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, sostiene que el Congreso pierde legitimidad cada tres años.
La legitimidad no es un fenómeno de la naturaleza. No es como la primavera o el invierno que, más o menos, aparecen cada cierto tiempo. La legitimidad es una consecuencia de las acciones de los hombres.
En teoría, podría haber un Congreso que en cien años no pierda legitimidad. De hecho, es lo que sucedió, alguna vez, en los países que hoy son desarrollados.
En teoría, también, podría haber un Congreso que en menos de dos años pierda legitimidad. De hecho, sucedió así en el Perú en 1990, y de eso se aprovechó el ex presidente Fujimori para dar el golpe institucional de 1992.
No porque se reduzca el mandato dejaremos de tener congresistas que matan perros, que ordenan a sus asesores que les planchen las camisas o les hagan masajes a los pies. Dejaremos de tener ese tipo de representantes cuando mejoremos los sistemas de elección y de control de gestión.
El presidente del Congreso, Luis Alva Castro, por ejemplo, pudo disponer de 15 mil dólares para financiar, para sí mismo, una contribución a un show artístico. Lo hizo sin tener que dar cuenta a nadie.
El presidente del Congreso, congresista del partido de gobierno, no lleva un año en la gestión. ¿Qué tiene que ver la duración del mandato con el uso alegre y discrecional de los fondos públicos? Nada.
Los congresistas que erosionan la legitimidad del Congreso no tienen sanción o la tienen muy laxa y tolerante. Eso es lo que enerva a la población. Eso es lo que desprestigia y desautoriza.
Los congresistas se defienden entre ellos. A eso se le ha llamado “otoronguismo”, en referencia al adagio “otorongo no come otorongo”.
Para recuperar prestigio y legitimidad, el Congreso tendría que combatir el otoronguismo. Tendría que diseñarse una serie de reformas constitucionales sobre el poder y la autonomía del Congreso y los congresistas.
La autonomía se ha confundido con ausencia de límites en el uso del poder. La inmunidad se ha convertido en impunidad, y protege cualquier acción del congresista, aun cuando ésta no tenga que ver con el ejercicio de las funciones.
Tomemos la experiencia de este Congreso. Analicemos cada caso y veamos cómo mejorar la fiscalización, en el Reglamento y la Constitución.
Si esto no cambia, no cambiará la legitimidad del Congreso. Aunque lo “renovemos” cada primavera.
