Por Federico Salazar
El ministro del Interior, Óscar Valdés, ha propuesto aumentar el Impuesto General a las Ventas en un punto porcentual para obtener fondos para la seguridad ciudadana. La iniciativa ha sido respaldada por el jefe de Estado.
Se estima que ese punto porcentual del IGV representa 1.500 millones de nuevos soles. Se trata de un monto que se sustraerá del consumo para invertirlo en tareas de seguridad ciudadana.
El BCR, por otra parte, estima que tendremos un superávit fiscal de 1% del Producto Bruto Interno. Eso equivale a más de 4 mil millones de nuevos soles, aproximadamente.
¿Se sabe ya cómo se va a usar ese superávit? ¿Cuánto de eso se va a destinar a seguridad ciudadana? ¿En qué se va a ir la plata? ¿Es buena idea subir impuestos cuando hay superávit?
Como sabemos todos, es muy mala idea empezar a gastar dinero del bolsillo sin un plan de gasto. Por eso, antes que determinar el monto de lo que se puede obtener del fisco, el gobierno debe tener un plan de inversiones en seguridad ciudadana.
¿Se sabe cuántas cárceles se necesitan? ¿Se tiene idea de cómo será su presupuesto de mantenimiento? ¿Se ha calculado qué personal se requiere para su administración?
Con respecto a las cárceles, ¿se ha estudiado cuál es la mejor economía para ese gasto? Es decir, ¿cuánto se puede hacer a través de concesiones y cuánto a través de inversión pública directa?
Y antes de pensar en los nuevos centros de reclusión, ¿tenemos idea de lo que hay que invertir en las cárceles actuales? ¿Qué equipos se requieren? ¿Qué nuevos sistemas de supervisión y vigilancia se necesitan?
¿De qué nos serviría tener cárceles nuevas si de las actuales se siguen planeando y dirigiendo secuestros y asaltos? A estas alturas ya tendríamos que tener una respuesta efectiva al respecto.
Y mucho antes que las cárceles, ¿sabemos ya lo que hay que hacer para corregir la distorsión de los llamados beneficios penitenciarios?
¿Dónde está la propuesta de reforma judicial? ¿Cómo mejoramos el sistema para que la decisión judicial sea más transparente? ¿Con qué mecanismo podemos reducir la corrupción judicial?
¿Se ha pensado en replantear el sistema de penas? ¿Qué sanciones se debe establecer para las autoridades que se coluden con la delincuencia? ¿Hay un plan para mejorar los sistemas de control interno a nivel policial, fiscal y judicial?
Si no hay plan, ¿cómo sabemos cuánta plata necesitamos? Cuando se gasta sin plan, el dinero se acaba antes de lo pensado. El gobierno está dejando pasar demasiado tiempo.
