Por Federico Salazar
El gobierno de Ollanta Humala comenzará con el territorio recortado. Y con la posibilidad de que se lo recorten más.
Las protestas a nombre de la etnia aymara tienen la finalidad de excluir de Puno toda actividad minera. Si tal imposición prospera, se habrá recortado la soberanía territorial.
El Estado soberano puede ejecutar políticas nacionales sobre el territorio nacional. Reconocer derechos de propiedad o de concesión es una prerrogativa del Estado. Ya no la va a tener más, al menos en Puno.
El país tendrá que amarrarse un brazo y producir menos. En Puno sólo podrá producir lo que permita la etnia aymara.
No podrá haber empresa minera, ni pública ni privada. Es como si se declarara a Puno coto privado. Ya no será, en cuanto a minería, territorio para la soberanía del Estado peruano, sino territorio para la soberanía de un grupo particular.
Si eso se acepta, se tendrá que aceptar la extensión del principio. Primero, a otros territorios; después, a otras actividades.
Queda claro que se trata de una lucha por la soberanía. No es un reclamo debido a un abuso de una minera o a un efecto específico de contaminación.
La finalidad de la protesta no es obtener mejores condiciones ambientales o mayores regalías o mejor redistribución del ingreso. La finalidad es imponer la voluntad de un grupo, según el entendimiento de ese grupo, sobre los usos de la tierra.
El derecho sobre el territorio puneño ya no corresponderá al Estado nacional, sino a la dirigencia étnica.
El poder de decidir qué se hace y qué no se hace sobre una parte del territorio nacional liquida el artículo 54 de la Constitución. Este señala: “El territorio del Estado es inalienable e inviolable.”
La pretensión aymara excluye al Estado nacional y reduce sus facultades soberanas. Impone su poder sobre esta parte del territorio; en otras palabras, recorta el territorio nacional y los poderes del Estado.
Si se acepta la finalidad de esta protesta, tendrá que modificarse la Constitución. Tendrá que decirse: “el Estado ejerce soberanía sólo hasta donde lo permiten las comunidades”.
La protesta ha sido efectiva hasta el momento. Ello no revela tanto el poder aymara, sino la quiebra del principio de autoridad del Estado nacional. Sobre esa quiebra podrán erigirse nuevos poderes en nuevos ámbitos. Y podrá continuar la erosión de la soberanía nacional.
El gobierno actual ha fracasado. Esperemos que el gobierno entrante sepa resolver el problema de esta colisión del derecho comunal y el derecho nacional. Tiene derecho a iniciar su gestión con el territorio completo.
Recorte territorial
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Federico Salazar
Federico Salazar cursó estudios de Filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos, fue profesor de comunicación en la Universidad San Ignacio de Loyola, co-conductor de programas periodísticos en Radioprogramas del Perú. Ha sido jefe de la sección financiera del diario La Prensa, editor de la revista Meridiano de Lima, columnista de los diarios Expreso, Ojo, Universal y Gestión.
Fue encargado de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola y es profesor de cursos de periodismo en el Centro Cultural de la Universidad Católica y la Universidad Particular San Martín de Porres, así como director de la revista mensual Quid. Actualmente se desempeña como periodista en el noticiero de América Televisión "Primera Edición".