2013, el año de la inseguridad ciudadana

Las últimas leyes promulgadas por el gobierno y algunas medidas anunciadas van a continuar empeorando la situación de la seguridad ciudadana.



Uno de los desatinos más notables ha sido elevar nuevamente el número de generales, que ya bordean el medio centenar (al momento de escribir estas líneas no se conocen todavía los retiros, pero hay 47 ya designados en nuevas ubicaciones).



Esto muestra a las claras que la purga del año 2011, al estilo de Vladimiro Montesinos –una treintena de generales al retiro–, tuvo como propósito no reconstituir la pirámide, sino poner en la dirección de la Policía a un dócil instrumento del presidente y su esposa, el general Raúl Salazar.



La Policía requiere un máximo de 28 generales para funcionar. Hoy hay mucho más. Esa desmesurada cantidad aumenta exageradamente la burocracia, porque cada general tiene un séquito de ayudantes, secretarios, guardaespaldas, etc. y entorpece el trabajo, pues tantos oficiales de ese grado se estorban y disputan áreas de influencia, además de serrucharse el piso constantemente.



Para dar ocupación, por lo menos en el papel, a tantos generales se han creado cargos ridículos como el de asesor de la Oficina de Diálogo de la PCM, Asuntos Internacionales o Gestión Institucional, además de una sarta de “direcciones ejecutivas” que fragmentan inútilmente el trabajo policial.



Un desastre burocrático por donde se le mire, elaborado por el inepto comando policial (el ministro es un inútil que no juega ningún papel, un hombre de paja nombrado precisamente por eso).



Retorno al pasado



Otra de las aspiraciones largamente acariciadas por los generales incompetentes y reaccionarios, volver a las antiguas Guardia Civil, PIP y Guardia Republicana, se ha plasmado también en las leyes de Ollanta Humala. Ahora la mayor parte de los estudios de los oficiales –tres de cinco años– y de los suboficiales (dos de tres años) será de una especialidad que los encauzará durante toda su carrera. Aunque teóricamente se consideran 7 especialidades, en realidad el grueso irá a las tres que se corresponden con las antiguas instituciones.



Un retroceso transcendental cuando ya había transcurrido casi un cuarto de siglo de la unificación de la Policía y estaban a punto de irse los últimos oficiales formados en la GC, PIP y GR.



Por supuesto que se requiere especialización en la Policía, como en cualquier profesión, pero solo después de haber experimentado el trabajo policial en comisarías y dependencias similares.



Más número, menos calidad



El gobierno de Humala sigue repitiendo la monserga del gobierno anterior: la seguridad mejorará con más policías y más patrulleros. El deterioro durante el gobierno de Alan García mostró que esa suposición era falsa, pues se compraron miles de patrulleros y se aumentó el número de efectivos y la inseguridad creció.

Ahora, para incrementar el número de policías, el gobierno ha anunciado que se crearán más escuelas de suboficiales, que se añadirán a las más de dos docenas existentes actualmente.



La realidad es que la Policía no tiene capacidad para manejar más de cinco escuelas adecuadamente. Lo que ocurre ahora es que la gran mayoría de escuelas son centros de malformación de policías, donde impera la ineficiencia y la corrupción. Lo que aprenden allí son malas artes, que luego van a poner en práctica vistiendo un uniforme y portando un arma.



Mal de muchos…



La espantosa masacre de Newton, en Estados Unidos, lleva a algunos ingenuos a pensar que, en comparación, a nosotros nos va mejor. No es así, estamos mucho peor. La tasa de homicidios en el Perú es, según cifras oficiales presentadas a la OEA, 24,1 por cien mil habitantes. En EE.UU. es alrededor de 5 por cien mil, un quinto que en el Perú.



América Latina es, de lejos, el continente más violento del mundo. Aquí se cometen el 42% de asesinatos del planeta, con solo 8% de la población mundial, como observa Moisés Naím (“La gente más asesina el mundo”, El Comercio, 30.12.12).



Y en América Latina las restricciones al uso de armas por civiles son incomparablemente mayores que en los EE.UU., una prueba más que legislaciones absurdas como las que acaba de aprobar el gobierno de Humala, no mejorarán la seguridad sino que probablemente la empeorarán.



Problemas concretos y urgentes como las cárceles, que además de escuelas del delito son una coladera, como lo muestra la última fuga de Maranguita, siguen sin ser resueltos.



Por último, el problema más importante, sin cuya solución no hay posibilidad de mejora de la seguridad, la lucha contra la corrupción en la Policía –y las otras instituciones encargadas de combatir el delito–, sigue bajo cero.



Si el gobierno dijera la verdad, habría denominado el 2013 “El año de la inseguridad ciudadana”.

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Fernando Rospigliosi Fernando Rospigliosi

Nació el 25 de febrero de 1947 en Lima. Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú .
Ha trabajado como profesor e investigador académico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima , editor y columnista del semanario “ Caretas ” y comentarista del Canal N de televisión. Ha sido investigador del Instituto de Estudios Peruanos , IEP.
Se desempeñó como Ministro del Interior en dos ocasiones durante el gobierno de Alejandro Toledo y Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia ( CNI ), la agencia de inteligencia del Estado.
Actualmente escribe la columna "Controversias" en el diario La República y conduce "Llanta de prensa" , en ATV+ .