Ollanta Humala y su gente había prometido manejar y terminar con los conflictos sociales. La receta: prevención y diálogo. Creyeron descubrir la pólvora.
Una de las constataciones más preocupantes de estos cien primeros días, es la falta de liderazgo del presidente Ollanta Humala. Lo que ha ocurrido con el vicepresidente Omar Chehade es una muestra clara de ello. En el mal tratamiento de los conflictos sociales es también patente esa carencia de liderazgo.
La hora de los conflictos
Aunque era evidente que si ganaba Humala los conflictos aumentarían, muchos estaban empeñados en creer lo contrario. Las razones para el incremento de la conflictividad social están a la vista.
En primer lugar, los promotores de los conflictos han votado por Humala. Es natural que sientan que ha llegado su hora. Sus expectativas eran inmensas, no solo por el entusiasmo que despierta una campaña electoral, sino porque tenían razones para pensar que Humala en el gobierno les daría lo que pedían.
Humala y sus partidarios habían alentado en el quinquenio precedente cuanta movilización encontraban en el camino. Específicamente, el candidato presidencial se había pronunciado en Cajamarca contra la minería, como se han encargado de recordarle ahora.
En segundo lugar, el gabinete presidido por Salomón Lerner se comprometió a respetar la política económica y la inversión privada, en particular la minera. El acuerdo alcanzado con los representantes de ese sector para elevar los impuestos en 3.000 millones de soles al año, da por sentado que los proyectos mineros se incrementarán en el próximo quinquenio.
La contradicción entre ambas posiciones –las dos presentes en el gobierno– es insalvable.
En tercer lugar, el gobierno carece de la capacidad política para manejar los conflictos. Sus principales funcionarios, empezando por el presidente de la República, no los entienden. Y, peor todavía, carecen de los operadores políticos para intervenir adecuadamente. Así, las cosas terminan siempre recayendo en manos de la Policía que, además, es claramente impotente para imponer el orden. (El ministro del Interior está escondido).
Humala y Lerner dicen que el proyecto Conga seguirá adelante. Pero en Cajamarca, los congresistas humalistas y el gobernador nombrado por el gobierno se suman a las movilizaciones contra la minera. Nadie defiende la posición del Ejecutivo, ni trata de persuadir a la opinión pública de sus beneficios, ni de contrarrestar la propaganda antiminera.
En Andahuaylas, una huelga que empieza con justificada razón contra la minería informal, se convierte en una asonada contra toda la minería. Igual que en Cajamarca, nadie explica, convence, persuade.
Al final, cuando las cosas ya están fuera de control, mandan a dos ministros que no tienen ninguna experiencia en manejo de conflictos. Van a negociar, además con las carreteras tomadas. Y para colmo, lo hacen en la ciudad que es el centro de la revuelta, con la muchedumbre acechándolos. No es de extrañar que todo haya terminado en un desastre, con los ministros huyendo despavoridos y la turba apropiándose de la ciudad.
Para colmo, firman desde Lima un acta donde se comprometen a abogar por el fin de la minería en dos provincias. Una capitulación inútil, además, porque no ha logrado tranquilizar a los revoltosos que se sienten vencedores. Como es obvio también, esta derrota del gobierno va a incentivar nuevas revueltas en otros lugares del país.
¿Esa es la prevención que anunciaban? ¿No era que los humalistas sí sabían dialogar a diferencia de los anteriores?
Tienen que decidir
Los nuevos gobernantes todavía no parecen haberse dado cuenta que han sido elegidos para gobernar. Concretamente, en el caso de los recientes conflictos sociales, pretenden jugar el papel de facilitadores: se sientan en la mesa para que las empresas y los que están en contra de la minería expongan sus puntos de vista, tratando de acercarlos. Absurdo. Ese no es el rol del gobierno.
Tienen que dialogar, pero con una posición definida, tratando de persuadir a los que no están de acuerdo y haciéndoles ciertas concesiones, pero sin abdicar de su objetivo central.
Si el presidente y su entorno son conscientes que la minería es indispensable para el desarrollo del país, tienen que apoyarla y movilizar a sus operadores políticos con ese propósito. Y cesar a los enemigos de la inversión privada que ocupan cargos claves en el Estado, que están saboteándola.
Si hay empresas que no respetan las normas medioambientales, tienen que sancionarlas o cerrarlas, pero si actúan de acuerdo a la ley, respaldarlas.
O, si Humala vuelve a sus propuestas originales, que lo diga ya, que dé la razón a los antimineros y prohíba la minería en todo el país. Si este es el caso, que despida a Lerner y Miguel Castilla, y que nombre a Javier Diez Canseco y Félix Jiménez para reemplazarlos. Y que traiga de Cajamarca al presidente regional Gregorio Santos y lo nombre ministro de Energía y Minas. O al padre Marco Arana.
Pero que se defina de una vez, que asuma el liderazgo.
