Negligencia criminal

Por Fernando Rospigliosi



No hay duda, a estas alturas, de que los responsables políticos de la catástrofe de Bagua y de la mayor matanza de policías en la historia del Perú son el presidente Alan García y la ministra del Interior Mercedes Cabanillas. Pero las informaciones aparecidas en los últimos días muestran que, además, Cabanillas es culpable de negligencia criminal.



El premier Yehude Simon ha reconocido que la orden para el desalojo en Bagua la dio el presidente García el miércoles 3, en el Consejo de Ministros. Así, se pasó de la pasividad casi total de más de 50 días, a la decisión de ejercer la violencia. Típico cambio de humor de García, que pasa de la displicencia a la exaltación en un abrir y cerrar de ojos.



La revista “Caretas” confirma, en términos comedidos, lo que parece fue una reprimenda en regla: “El presidente Alan García le llamó la atención a Cabanillas en el Consejo de Ministros del miércoles 3 por lo que consideró la inacción del sector.” (“Sangre y caras duras”, 11.6.09).



El diario “Perú.21” tiene la misma versión, que explica en parte por qué las cosas salieron tan mal: “el aparente apresuramiento de la operación habría tenido su origen en una decisión política de desbloquear la carretera Fernando Belaunde a como diera lugar”. (Daniel Yovera, “Nunca antes tuvimos un operativo tan mal planeado”, 12.6.09).



PARECÍA LA DIRECTORA DE LA PNP



Cabanillas llevó la orden de García a la Policía y ella personalmente se puso a dirigir el operativo, según el reporte de IDL-Seguridad Ciudadana que dirige Gustavo Gorriti. Un policía relata que “la noche del día jueves (4) la ministra estaba en la Central de Operaciones de la Dirección General de la Policía (CEOPOL) dando órdenes al coronel de esa oficina sobre el desbloqueo del día siguiente. Parecía la directora general de la Policía”. (“El horror”, 11.6.09).



Esta y muchas otras versiones desmienten completamente a Cabanillas que, en acto de suprema cobardía, ha tratado de evadir toda responsabilidad echándoles la culpa del desastre a los mandos policiales. En la extraordinaria entrevista de Jorge Loayza en “La República”, dice que la operación la decidió la Policía por iniciativa propia y que le pregunten al director, José Sánchez Farfán. (“El informe de inteligencia que me dan a mí no es muy detallado”, 11.6.09).



Cabanillas miente con descaro. Es absolutamente imposible que la Policía por sí sola tome una decisión de esta envergadura. Peor todavía con un Director como Sánchez Farfán, pusilánime y sin don de mando que, además, acaba de tomar posesión del cargo. La orden vino de Alan García. Cabanillas, que postergó la intervención durante semanas para no meterse en problemas, la tuvo que acatar.



Y lo hizo de la peor manera posible. El general Luis Muguruza fue enviado a la zona recién el día anterior: “No sé nada, yo recién llegué a Bagua el día 4 de junio” (Doris Aguirre, “¿Quién dio la orden de desalojar a indígenas sin prevenir represalias?”, La República, 12.6.09).



Y Muguruza llegó con una orden terminante, según uno de los policías que estuvieron en Bagua: “Dijo que el operativo se hacía al día siguiente sí o sí. (…) él recibe órdenes de acá, de Lima” (Perú.21, 12.6.09).



SÓLO PIENSA EN ELLA



Con la orden perentoria de García, que Cabanillas transmitió, la Policía realizó el operativo con apresuramiento y falta de preparación inauditos. Con la carretera y la estación Nº 6 de Petroperú tomadas desde el 9 de abril, lo menos que podía esperarse es que la ministra hubiera planificado la operación con anticipación para el caso de tener que actuar. No lo hizo. Tenía otras ocupaciones.



Como recuerda “Caretas”, “en los días anteriores, la agenda de la ministra estuvo ocupada por eventos como la conferencia de prensa en la que devolvió la falsa banderola de la trinchera norte de Universitario de Deportes”. También se ocupó de la hija violada y muchas otras actividades que le dan puntos en las encuestas.



La única preocupación real de Cabanillas es su propia imagen. Vive pendiente de ella, siempre alerta para llamar a los medios de comunicación y exigir rectificaciones, entrevistas y notas laudatorias, amenazando e insultando a los periodistas que no se atienen a sus exigencias.



ESCASO NÚMERO



Varios policías que participaron en los funestos sucesos han revelado algunos detalles, a pesar de la orden terminante y las amenazas de Cabanillas para que no hablen.



Un problema fue el escaso número de efectivos. Según “Perú.21”, un policía anotó: “¿Con menos de 300 policías, íbamos a desbloquear 10 kilómetros de carretera? En agosto del año 2008, cuando ocurrió lo de Corral Quemado, eran dos mil indígenas que protestaban y nosotros éramos 1,300 ¿Por qué esta vez no se hizo lo mismo”. (12.6.09).



Según “Caretas”, el director de Operaciones de la Policía, el general Bernabé Garavito, había recomendado “una `operación masiva´ para causar impacto psicológico e infundir temor disuasivo.” No obstante Cabanillas “aprobó el ‘desbloqueo’ para el viernes 5, pero exigió que el número de policías sea el menor posible”.



Según algunas versiones eran 450 policías. Otras elevan el número hasta 550. Es decir, la tercera parte o menos de la mitad de los que intervinieron el 2008 contra un número menor de nativos.



SIN COMUNICACIONES



En realidad, casi todo se realizó de la peor manera. La Policía carecía de un sistema de comunicaciones, las órdenes y las informaciones no se podían transmitir con rapidez. Con el mayor presupuesto de la historia del Ministerio, en tres años de gobierno aprista deberían haber resuelto ese problema. En última instancia, podían haber comprado o alquilado los equipos indispensables para esa operación. Hubo más de 50 días para hacerlo.



A pesar de que había informes de inteligencia sobre la situación, no se tomaron en cuenta. (Ver Miguel Ramírez, “Inteligencia recomendó intervenir en zonas donde se desató la violencia”, El Comercio, 7.6.09). En cualquier caso, en más de 7 semanas, debería haberse acopiado información suficiente sobre el número de nativos en la zona, su equipamiento, su ubicación, etc. No se hizo o no se le dio importancia.



Tampoco se llevaron equipos médicos para atender a los heridos.



Pero lo peor de todo fueron las órdenes que confundieron a los policías y les impidieron emplear sus armas cuando los secuestraron. En efecto, una de las primeras acciones fue tomar un cerro. Allí los nativos capturaron a los efectivos, los despojaron de fusiles AKM y los asesinaron. Luego usaron esos fusiles para matar a otros policías.



Eso jamás debió ocurrir. Las órdenes deben ser absolutamente claras. Los policías no deben dejarse secuestrar ni arrebatar las armas. Si la orden es no disparar, ¿para qué llevan fusiles entonces?



NEGLIGENCIA CRIMINAL



La ministra Cabanillas tiene una indudable responsabilidad política por el desastre detallado anteriormente. Pero lo ocurrido en la estación Nº 6, donde el comandante Miguel Montenegro y otros 11 policías fueron asesinados a sangre fría, es negligencia criminal.

Según IDL-SC y “Caretas”, los 38 policías de esa estación estaban secuestrados desde el 9 de abril. De acuerdo con “La República”, “Perú.21” y “Correo” había un acuerdo de paz entre los nativos y la policía que se encontraba rodeada. Eso tenía que saberlo el comando policial y la ministra Cabanillas. No hay manera que no estuviera al tanto de eso.



En cualquier caso, todos coinciden en que el operativo se inició el viernes 5 en la madrugada, sin que Montenegro y los policías de la estación Nº 6 fueran informados. Ellos, además, no tenían comunicación con sus comandos.



El resto es historia conocida. Luego de iniciado el desalojo, circuló la versión de que la policía estaba masacrando a los nativos, y los de la estación capturaron a Montenegro y los otros policías, que no se defendieron porque no sabían lo que pasaba, y los asesinaron.



“`La ministra los mandó a la muerte´ denunció indignado José Montenegro, hermano del asesinado comandante PNP Miguel Antonio Montenegro Castillo. (…) Hubo mala coordinación, es imperdonable que los hayan expuesto de ese modo, sabiendo que podían ser desarmados y victimados” (Alexis Velásquez, “Les ordenaron rendirse”, La República, 10.6.09).



Como puso La República en portada, “Hubo negligencia. Cruel matanza pudo haberse evitado”. (11.6.09).



¿Quién responde por eso?