Es impresionante la torpeza con que ha actuado el gobierno en Cajamarca, permitiendo que los cabecillas antimineros que estaban derrotados por el fracaso de la huelga que convocaron provocaran hechos de violencia que han terminado con cinco víctimas fatales, que era lo que finalmente querían.
Gregorio Santos, Wilfredo Saavedra, Marco Arana y otros dirigentes, tienen las manos manchadas de sangre. Ellos empujaron e incitaron a la gente a atacar con violencia a la Policía y a autoridades elegidas que no comulgan con sus ideas retrógradas, como el alcalde de Celendín, para provocar una reacción de las fuerzas del orden que saben están mal equipadas y peor comandadas.
Pero a los caudillos antimineros les importa un comino la vida y la integridad de las personas que envían a la muerte. Esos cadáveres son peldaños sobre los que ellos construyen su carrera política.
En palabras de Santos, el proyecto minero “está manchado de sangre y es inviable”. Esa frase estaba en su repertorio, lista para ser arrojada cuando su propósito de suscitar enfrentamientos violentos con muertos y heridos se concretara. El gobierno, con su insuperable ineptitud, le dio en la yema del gusto.
Se veía venir
Aunque algunos medios han hablado persistentemente de la huelga que empezó en Cajamarca el 31 de mayo, en realidad lo que hubo fue agitación y zozobra. Pero los antimineros nunca llegaron a paralizar Cajamarca ni otras ciudades de la región. Lo que hacían era amedrentar a comerciantes y transportistas con piquetes violentos, pero las actividades se reanudaban luego de que los vándalos pasaban.
Nunca pudieron detener la actividad más importante de Cajamarca, la minería, aunque sí perjudicaron esporádicamente la producción lechera.
Habiendo fracasado la huelga por falta de respaldo de la población, era evidente que a los antimineros solo les quedaba un camino: desencadenar hechos lo más violentos posibles con grupos relativamente pequeños de activistas, que sí pueden movilizar.
Luego del mensaje del presidente Ollanta Humala el sábado 23, eso se veía venir. Los propios cabecillas lo gritaban a los cuatro vientos.
Incluso el director de operaciones de la Policía, el general Abel Gamarra, pidió el martes 26 desde Cajamarca, que se declare el Estado de Emergencia en siete provincias. Era una medida preventiva indispensable en esas circunstancias.
Pero el gobierno se quedó, otra vez, paralizado, sin iniciativa, a la defensiva, esperando que los adversarios hagan la siguiente jugada. Y sucedió lo que tenía que suceder.
Los olvidados
Los antimineros no han podido cumplir muchas de sus amenazas. Por ejemplo, fanfarronearon con tomar las lagunas de Conga y no pudieron. Lo impidieron los campesinos de las 32 comunidades aledañas, directamente impactados por el proyecto, que saben que se van a beneficiar con la mina: tendrán más agua y todo el año, no solo en época de lluvia, y se favorecerán con los empleos y la actividad económica que genere Conga.
Miles de familias de esas 32 comunidades no solo están a favor de la mina, sino que la defienden con energía. Pero ellos no tienen voz, nadie los escucha, nadie los busca, nadie los entrevista.
Peor todavía, algunos medios han difundido las mentiras de los antimineros que les han hecho llegar fotografías o videos como si estuvieran ocupando las lagunas de Conga. Son falsas. Son de otra época o de otro lugar.
Otro frente
Entretanto, en varios departamentos del sur del país, el Sutep dirigido por Robert Huaynalaya está haciendo de las suyas sin que, hasta el momento de escribir estas líneas, el gobierno haga nada significativo para contener esa ola de bloqueos de carreteras y violencia.
El movimiento de Huaynalaya no está coordinado con Patria Roja (PR), el partido de Santos. Al contrario, Huaynalaya ha escindido el Sutep que dirige PR y constituido una organización paralela (CONARE) para “reconstruir” el sindicato magisterial.
Pero al igual que otros, actúa con absoluta impunidad. Lo único que falta es que lo detengan y lo suelten a las pocas horas, como a Arana o al alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca.
¿Qué viene?
Algunos miembros del gobierno también quieren ganarse alguito con la crisis, como la congresista y vicepresidenta Marisol Espinoza, que pretende ponerse al medio del conflicto. Ella ya tuvo una demagógica y nefasta intervención en Piura, forzando ilegalmente la anulación de un Estudio de Impacto Ambiental, con la finalidad de ganar popularidad en su circunscripción electoral.
Por donde se mire, los colaboradores escogidos por Humala hacen agua.
Si en la anunciada renovación del gabinete no hay una verdadera Gran Transformación, es decir, no solo un cambio de personas sino una variación de criterio para escoger a las mismas, el segundo año de este gobierno se podría convertir en una pesadilla.
