Hace 20 años se dio el último golpe de Estado, en la modalidad de autogolpe de Fujimori, tomando como pretexto una supuesta obstrucción del Parlamento a las medidas antiterroristas del régimen. Las consecuencias de dicho quebrantamiento de la constitucionalidad han sido, como en todo, de cal y de arena; en esta perspectiva salen algunas enseñanzas.
Lo grave de dicho proceso es que instauró una cínica política mediante la cual, por ejemplo, quitaba los derechos a los trabajadores y los empobrecía, pero a la vez repartía alimentos gratis, cortaba el pelo y entretenía al pueblo con la prensa chicha y la televisión basura, y en “agradecimiento” votaban por él y si no lo hacían el fraude era el último recurso; todo ello dentro de una agresiva campaña de desprestigio de la política y la democracia, con especial ensañamiento en el Congreso de la época, que era cualitativamente muy superior al actual y con los partidos políticos a los cuales se les denostó, sumando tal descrédito al hecho de haber sido diezmados por el terrorismo (el Apra tuvo más de mil dirigentes y militantes asesinados), tal afectación se siente hasta la fecha.
El CCD fue un engendro dictatorial y aprobó una Constitución en un referéndum fraudulento; el Apra y AP no se prestaron para cohonestar el golpe y no postularon. Este CCD adecuó la legislación a los fines autoritarios del régimen, como “legalizar” la re-reelección y eliminar los derechos laborales
Permitió la institucionalización de la corrupción, siendo el elemento más visible Vladimiro Montesinos, quien desde el SIN promovía el narcotráfico, al punto de involucrar al avión presidencial, los barcos de la Marina, helicópteros y personal militar, y el saqueo de los fondos públicos, como el beneficiarse con millonarias comisiones por la compra de armas en medio del conflicto con el Ecuador, en acto de traición a la patria.
La manipulación de la población, a través de la televisión basura y la prensa chicha cuyos titulares se los dictaban a cambio de pagos con dinero mal habido, constituyó uno de los hechos más graves de la dictadura, que subía o bajaba de intensidad según las circunstancias; y digo más graves porque degradó a nuestro pueblo enrareciendo su mente con psicosociales distractivos y acallando todo intento de reclamo o protesta social, incluso con hostilidad manifiesta: persecución política a través de jueces y fiscales incondicionales o la Sunat, agravios, mentiras, flores fúnebres a domicilio, cuando no abierta violación de los derechos humanos, para lo cual tenían comandos de aniquilamiento, lo que está probado.
Han pasado dos décadas y cada vez está más claro que los éxitos en la lucha contra el terrorismo y en la economía, que son dos de los resultados que proclama el fujimorismo, no requerían un golpe de Estado y sus nefastas consecuencias, aunque no es menos cierto que tampoco se podía seguir con la democracia “boba” permisiva y garantista que permitía el avance terrorista.
El fujimorismo como fuerza política está en proceso formativo, aunque su líder está bajo detención; no obstante sus características familiares, el sistema lo admite como partido político, pero preocupa que siga celebrando el 5 de abril como una efemérides, cuando debería consolidarse en la democracia. El Perú espera la corrección histórica y la madurez de su clase política que sepa consensuar y no poner en riesgo la estabilidad del país ni la ruta de crecimiento y justicia social que se ha afirmado en los últimos años, de manera tal que nunca más se repita un golpe de Estado.
