Por Roberto Ochoa B.
El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial ya tienen un lugar asegurado en la historia nacional de la infamia. A la cárcel de lujo para Rómulo León y sus socios en el faenón petrolero se suma la liberación de Antauro Humala y sus cómplices en el “andahuaylazo”, responsables del asesinato de cinco policías.
Y todo esto sucede mientras los dirigentes nativos de Aidesep tienen que asilarse para evitar las represalias de los apristas y fujimoristas que aún controlan un sector del Poder Judicial. De paso, el Ejecutivo y sus cómplices en el PJ arman toda una campaña de desprestigio contra los dirigentes históricos de Aidesep, contratando falsos apus con la orden de favorecer a mineros y petroleros interesados en explotar yacimientos ubicados en territorios nativos.
Pero con Antauro y su patológico etnocacerismo sueltos en plaza, apristas y fujimoristas tienen la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro justo ahora que se viene la campaña electoral.
Por un lado, quita piso al titular de la Corte Suprema y a los jueces que le lavaron la cara al PJ con la ejemplar sentencia al reo Alberto Fujimori, pues ya está lista la campaña mediática para convencer a la opinión pública que un remolón Poder Judicial es el responsable de la liberación de Antauro Humala y equipo.
Por otro lado, la patología del etnocacerismo y sus dirigentes sueltos en plaza servirán para desprestigiar a ese sector de la izquierda peruana (primafásico y chavista) que sigue creyendo en el liderazgo de Ollanta Humala, pues Antauro ya ha demostrado sus dotes de Caín ideológico.
