El TLC significa acatar las normas laborales

Por Enrique Fernández Maldonado.

La entrada en vigencia del TLC con los EEUU, ni bien empezando la crisis económica mundial, nos enfrenta a más dudas que certezas. La sucesión de pronósticos nada felices (el aumento de 50 millones de desempleados, según la OIT) pone en cuestión varias de las supuestas ventajas prometidas por el oficialismo, los gremios empresariales y casi toda la prensa local. Recién finalizando el año podremos tentar un balance (preliminar) del impacto del TLC en la balanza comercial bilateral; sus efectos sobre la soberanía alimentaria, el arribo de inversión extranjera o la evolución y calidad del empleo, por mencionar algunos de los temas importantes.

Por lo pronto, desde este mes, varios de los compromisos adquiridos marcarán la pauta de las relaciones laborales entre ambos países. En materia laboral esto significará que los gobiernos estarán en la obligación de garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales en el trabajo; principalmente el conjunto de libertades sindicales (incluidos la negociación colectiva y el derecho a huelga), motivo de preocupación para la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso norteamericano. Tarea para la cual, hay que decirlo, los últimos gobiernos han mostrado especial parsimonia.

En el marco del comercio bilateral, las presiones –de uno u otro lado de la ventanilla– rebasarán las (por ahora) engorrosas sanciones administrativas que fija el TLC. De seguro la crisis pondrá en “sobrealerta” a las industrias norteamericanas que compiten con países poco afectos a respetar los derechos laborales, como es el caso del Perú desde el decenio fujimorista. El combate al dumping social (apuntando al retiro de las preferencias arancelarias a los Estados infractores) será el leit motiv de múltiples auditorías alentadas no sólo desde instancias gubernamentales.

En el ámbito local, el nuevo escenario exigirá hilar fino a empresarios devotos del regateo salarial y el garrote patronal, tolerados por un Estado que abdica de sus responsabilidades. En adelante las planillas deberán mostrarse junto al libro de visitas; en lo posible al día y en “blanco”. El pago de horas extras, y el reconocimiento de la interlocución sindical, pesarán tanto como la calidad (y costos) a la hora de competir en el mercado del Norte. ¿Estará el gobierno en condiciones de promover (y cumplir) con los estándares sociolaborales incluidos en el TLC?

Desde esta columna queremos proponer un primer caso para el seguimiento público y sindical: el del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones del Perú (SINTTEL). Si bien carece de vinculación (directa) con el TLC, sirve, en lo inmediato, como barómetro para medir qué tan aceitada se encuentra la justicia laboral en el país.

Formado como sindicato de actividad a fines del 200, el SINTTEL congrega actualmente a cerca de 1,200 técnicos subcontratados por empresas como Telefónica del Perú, entre otras. Con una celeridad inédita en sus servicios, ITETE Perú y Cobra Perú (transnacionales españolas) y LARI y SEPESA (de origen local) impugnaron la legitimidad de la organización, negándose a recibir el pliego de reclamos y negociar. Pues bien: de acuerdo al Auto Directorial 008-2009/MTPE/2/12.2, expedido por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos (23/1/09), el MTPE declaró inválida la oposición de las contratistas a reconocer al SINTTEL, instándolas a iniciar la negociación colectiva (http://www.trabajadorestecnicos.plades.org.pe/)

Queda por ver si la exigencia por cumplir estándares laborales estimula procesos de diálogo y negociación laboral (en todos los niveles y sectores). Por lo pronto, en los Estados Unidos, donde la crisis pega fuerte, Barack Obama ofreció un claro apoyo a los obreros que tomaron una fábrica en Chicago, exigiendo su reposición ante despidos injustificados. ¿Apoyará el presidente García a los trabajadores telefónicos que apenas reivindican el respeto de un derecho fundamental en el trabajo? Corren las apuestas.