La Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas fue la norma más importante aprobada en el 2011.
La perseverancia de las organizaciones indígenas logró que el Perú sea el primer Estado que cuenta con una Ley de Consulta Previa. No fue fácil. Esos pueblos afrontaron diversas adversidades durante más de 16 años -desde que se ratificó el Convenio 169 de la OIT- para que se aprobara esta norma.
La Ley de Consulta es, sin duda, el principio de un cambio irreversible y sustancial en la relación del Estado con los pueblos indígenas. Este es un logro fundamental que debe permitir superar el enorme vacío que había en la gestión del Estado. Ciertamente ninguna ley es perfecta ni satisface plenamente a todos los miembros de una sociedad. Por ello, nos corresponde a todos cautelar que esta ley, que ha costado tanto, no se malgaste.
Toca ahora consolidar el derecho a la consulta vía su implementación, para lo cual es indispensable el debate y perfeccionamiento de un instrumento reglamentario que nos permitirá a todos -pueblos indígenas y Estado- dialogar razonablemente sobre los temas que les conciernen y sobre los que están en el derecho de decir lo que sienten y piensan. La ley y sus reglamentos son instrumentos necesarios. No obstante, los derechos como la consulta, solo se encarnan en los pueblos cuando son ejercidos a plenitud. Hay que garantizar que eso ocurra, que los pueblos indígenas de la Amazonía y del Ande sientan que van a ser oídos y que se tomarán decisiones valorando sus puntos de vista.
En las últimas semanas, en diversas regiones del país, se analiza el Proyecto de Reglamento de la Ley de Consulta. Allí, los pueblos indígenas deben examinar las propuestas que, posteriormente, plantearán al Ejecutivo, a través de sus organizaciones representativas. Este proceso debe contribuir a identificar los aspectos que permitan un adecuado ejercicio del derecho a la consulta tal como se reconoce en el Convenio 169 de la OIT y en la propia Ley de Consulta.
Por esta razón, es preciso resaltar la importancia de que las propuestas de los diversos pueblos sean canalizadas por las organizaciones indígenas nacionales a la Comisión Multisectorial creada por el Ejecutivo para este fin, para que sean materia de diálogo, deliberación y consenso.
Reitero: el reto actual es la adecuada implementación del derecho a la consulta que permita atender la agenda histórica y de desarrollo de los pueblos indígenas. En su momento, hemos advertido sobre la gravedad de su incumplimiento, especialmente porque nos priva de un medio para prevenir conflictos sociales y hechos de violencia, como los lamentables sucesos ocurridos en Bagua.
Se trata de confiar en el poder de la palabra, del diálogo, del consenso y del respeto a los acuerdos. Se trata de dirigir nuestros esfuerzos a un diálogo que genere entendimiento a pesar de las diferentes posturas que encontremos. Es por eso que la consulta requiere de buena voluntad y gran compromiso en el oficio de construir consensos o acuerdos que tengan siempre el objetivo de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Nuestro país necesita que seamos capaces de transformar nuestras diferencias en acuerdos y nuestros problemas en oportunidades.
(*)Defensor del Pueblo (e)
