Conga ha pasado a engrosar la larga lista de conflictos emblemáticos vinculados a la minería que han sacudido el país cada cierto tiempo. Tambogrande el 2002; Quilish 2004, Conga 2006, Majaz 2007, Puno, Tía María, el 2011, etc. Cada caso aportó lo suyo al debate sobre la problemática minera.
¿Por qué Conga se ha convertido en un caso emblemático? Porque resume lo que no funciona desde hace un buen tiempo en la relación minería, comunidades y ambiente en el país: estrategias erradas desde las empresas y políticas públicas desfasadas y una clamorosa ausencia de voluntad política para modificar esa relación.
Conga muestra que los instrumentos de certificación ambiental no funcionan: los estudios de impacto ambiental están desfasados; no se renuevan desde hace 20 años. El informe del Ministerio del Ambiente desnudó las debilidades del EIA Conga y hoy en día ya casi nadie se atreve a defender el proyecto tal y como fue aprobado.
Conga también ha puesto nuevamente en evidencia que el Ministerio de Energía y Minas no puede seguir siendo juez y parte y que el Ministerio del Ambiente debe convertirse en una verdadera autoridad y dejar de estar pintado en la pared.
Conga ha abierto toda una reflexión sobre cómo se deben manejar los bienes públicos en el país. Bienes públicos, de libre acceso, como en este caso es un sistema de lagunas, ¿pueden ser remplazados, así de simple, por reservorios que van a ser manejados por una empresa privada? ¿Se puede permitir que humedales desaparezcan y con ellos los servicios ambientales que prestan? ¿Una empresa debe decidir cuál es la zona de influencia de un proyecto? ¿Esa no debería ser tarea del Estado? Todos son temas para la reflexión.
Conga también ha puesto en agenda la necesidad que el país defina una política hídrica. Las cabeceras de cuenca son reconocidas por la Ley de Recursos Hídricos como zonas ambientalmente vulnerables, que deben ser protegidas, pudiendo inclusive declararse su intangibilidad. ¿Se hace lo que dice la ley?
Conga también pasará a la historia como el primer caso de un conflicto minero que, en el Perú y en América Latina, se trajo abajo a todo un gabinete y significó el giro en la orientación política del gobierno. Años de conflicto minero nos enseñan que no hay un solo remedio milagroso. Un conjunto de reformas son necesarias para canalizar los conflictos por vías institucionales y democráticas: gestión ambiental transectorial y descentralizada; ordenamiento territorial; consulta e información oportuna para las poblaciones y las autoridades locales; transparencia en la toma de decisiones; protección de fuentes de agua; mecanismos de regulación pública que permitan una efectiva presencia del Estado en las regiones, son algunos componentes de esta reforma. Estas pistas de políticas públicas ya se implementan en los principales países que tienen una actividad minera importante.
La marcha que viene desde Conga y las lagunas a la capital coloca estos temas en agenda. Si no se producen cambios, la lista de conflictos seguirá creciendo y los peruanos ya hemos perdido el derecho a sorprendernos.
