La autonomía del BCR

Por Nicolás Lynch

La hasta ahora fallida destitución del presidente del Banco Central Argentino y la discusión de un proyecto de ley por alejar aún más la conducción del Banco Central de Reserva en el Perú del “ciclo político”, ponen sobre el tapete nuevamente el debate sobre la autonomía de la banca central.

El origen inmediato del tema está en las políticas neoliberales de los últimos 25 años que pusieron particular énfasis en considerar como mala toda influencia de la política partidaria en las decisiones de gobierno y, en especial, en las decisiones de política económica. Ello llevó a designar tecnócratas supuestamente neutrales en el manejo del MEF y a buscar aislar las decisiones económicas de la dinámica social. Esto tuvo su extremo en el caso de la política monetaria, a cargo de la banca central, que se consideró debería estar blindada de toda posible influencia política. Todo esto tenía como objetivo congelar una determinada política económica, de carácter neoliberal ortodoxo, para garantizar el control de los grandes grupos económicos de esta área de decisiones y evitar que en el futuro un gobierno con ideas distintas pudiera cambiar las cosas.

En el Perú esto se hizo en condiciones de dictadura y fue, en buena medida, una reacción al desastre dejado por el primer gobierno de García. Esta fue la ventana de oportunidad que permitió a la derecha asaltar el MEF y el BCR y tenerlos, salvo cortos períodos, bajo su control. El problema es que con el regreso de la democracia esta autonomía aleja estas cuestiones del control de la población, que se da a través de los representantes elegidos. ¿Por qué darle tal importancia a la política monetaria y no por ejemplo a la educación o a la defensa? ¿Qué sucede si autonomizamos de la política y la democracia todo lo que nos parece importante?

Ciertamente que uno de los retos de la democracia es manejar los asuntos de Estado con responsabilidad y no como lo han hecho los últimos gobiernos, incluido el actual, beneficiando a sus amigos. Pero ello supone que todos estos asuntos, sin excepción, estén bajo control democrático. De lo contrario el gobierno se va a convertir en un archipiélago donde lo intrascendente se deja a la decisión del pueblo y lo demás a quienes se considera expertos. Urge entonces una legislación, al revés de la que ahora se plantea, articulando el manejo responsable del BCR con el control democrático de los ciudadanos sobre lo que, a la postre, es el dinero de todos.