Nueva Constitución

Por Nicolás Lynch

En esta campaña hay un tema fundamental que la derecha en todas sus versiones –Keiko, Castañeda, García o Toledo– se esmera en ocultar: la necesidad de una nueva Constitución. Bajo el pretexto de que al país le está yendo bien y que no hay nada que mover para que las cosas sigan igual o peor, se ningunea este debate de fondo.

Hay dos tipos de constituciones sobre el planeta, aquellas que son un acuerdo de paz entre los ciudadanos y pueblos de un país y otras que aparecen como una declaratoria de guerra de alguna minoría sobre la inmensa mayoría de la nación. Este último es el caso del documento de 1993 impuesto por la dictadura de Fujimori y Montesinos sobre el pueblo peruano. Esta supuesta Constitución está viciada de origen porque fue producto de un golpe de Estado, elaborada por un régimen autoritario para quedarse y finalmente “aprobada” en un referéndum fraudulento.

Esta Constitución refuerza el poder de la minoría dominante cuando recorta los derechos sociales, especialmente los derechos del trabajo, minimiza el papel del Estado poniéndolo al servicio de los ricos, debilita al Legislativo con el unicameralismo, da lugar al capitalismo salvaje como único modelo posible en la economía y establece un desorden tal en el tema de la descentralización que hace a la misma inviable. Por ello es que da lugar a un orden democrático precario, imposible de consolidar en sus parámetros y obliga a que las mayorías, impedidas de expresarse a plenitud en estas condiciones, recurran a la protesta callejera, ya no solo como excepción sino como norma, para plantear sus demandas. Puesto en la disyuntiva de cambiar la Constitución o reprimir al pueblo, este régimen opta por lo segundo, siguiendo la lógica de la declaratoria de guerra y criminalizando la protesta.

Cuando se intenta poner en agenda el debate constitucional los voceros de la derecha suelen argumentar que la Constitución y las leyes no solucionan nada y que tal debate sería un tiempo perdido. Sin embargo, en 1993 estos mismos personajes cambiaron nuestro andamiaje legal para poder hacer posible el capitalismo de amigotes en el que vivimos, haciendo legal la masiva expropiación de bienes públicos y sociales que fueron las privatizaciones y el remate de nuestra riquezas naturales y nuestro territorio al mejor postor.

Es indudable por ello que el debate para lograr una nueva Constitución tiene la mayor importancia, porque esta será una de las piedras angulares para iniciar la gran transformación del país que nos dé una verdadera democracia.

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