Por Nicolás Lynch
La consecuencia política mayor de la condena a 25 años de Fujimori es la de constituir un hito contra el continuismo, político y económico, que ha caracterizado la política peruana de los últimos años. Por esa razón es que encontramos a tantos apristas, no sólo fujimoristas, rasgándose las vestiduras por el fallo, a tanto periodista que funge de informado y neutral dándole tribuna a los carcamanes de la dictadura pasada y a los grandes empresarios callándose en siete idiomas ante la condena de su líder por asesino. Ellos nos han pintado un país de ensueño que supuestamente empieza el cinco de abril de 1992 y que los gobiernos elegidos han tenido la “sabiduría” de continuar, cuando de repente viene esta condena y les tira todo abajo.
¿Podemos desligar estos escuadrones de la muerte del golpe de Estado del cinco de abril y del modelo económico neoliberal? No, de ninguna manera. El golpe, que es el mayor crimen que un gobernante puede cometer contra el Estado democrático, fue indispensable para encubrir y continuar la “guerra sucia” en curso. Y no sólo se trató, como quieren hacernos creer algunos incautos del período abiertamente dictatorial entre abril y diciembre de 1992, no nos olvidemos de todas las patrañas del CCD, Parlamento títere de la dictadura, para encubrir los crímenes que justamente acaban de ser sentenciados. Pero el terror de Estado que tuvo en los crímenes juzgados sus acciones más conocidas, fue también indispensable para aplicar el ajuste económico o la terapia de shock, esa forma de terror colectivo como señala Naomí Klein. ¿Cómo fue posible que se produjera esa expropiación masiva de los derechos sociales a la mayoría ciudadana, así como la privatización de los recursos públicos a través de procesos amañados a favor de una pequeñísima minoría de empresas principalmente extranjeras? Porque existía un Estado que aplicaba el terror, selectiva y colectivamente, y porque los que nos oponíamos sabíamos que nos jugábamos el trabajo e incluso la vida. En otras palabras, el Fondo Monetario Internacional y los tecnócratas y empresarios que lo apoyaban necesitaban su Fujimori y su Montesinos, su Cantuta y su Barrios Altos.
Esta saga, que desafortunadamente ha sido continuada por Toledo y García, ya sin escuadrones de la muerte, pero sí con democracias de baja intensidad que tienen como objetivo limitar los derechos sociales y la participación política, es la que podría revertirse a partir de una condena como la que escuchamos el martes. Una condena que además tuvo la virtud de poner las cosas en el contexto indispensable, porque sin la mención del golpe de Estado era imposible pensar en una estructura de poder paralela que ejecutara los crímenes señalados.
Tenemos un hito entonces para pensar que todo en nuestra precaria democracia no tiene que ser presidentes asesinos, ni presidentes que traicionan sus promesas de campaña. Se abre una luz de esperanza en que la transición democrática que impulsó Paniagua, se farreó Toledo y se olvidó García, pueda ser retomada para construir ahora sí un país distinto del que no huyan nuestros conciudadanos a la primera oportunidad.
