Victoria democrática

Por Nicolás Lynch

La aprobación por el Senado argentino, por mayoría abrumadora, de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una victoria democrática para la libertad de expresión. Su aprobación ha sido precedida por más de 80 foros de discusión ciudadana y cerca de 200 aportes fueron hechos al proyecto original a lo largo del debate. Sin embargo, la mayoría de los grandes medios, tanto en Argentina como en el exterior, han presentado esta ley como una maniobra de los Kichner para terminar con la libertad de expresión en ese país. ¿A qué se debe esto último?

Esta ley, por primera vez desde los 70, ha puesto en debate el tema de la libertad de expresión no solo como la libertad de competencia entre distintos medios privados sino como la libertad de competencia entre distintos medios de comunicación privados, públicos y sociales. Es decir, entiende la libertad de expresión como la existencia de distintas voces que responden a distintos tipos de propiedad de los medios. El pluralismo, indispensable para la libertad, no se queda así en términos de negocio sino que avanza, para garantizar el carácter de servicio público de la comunicación, a promover la existencia de medios de distinto tipo que le den a la sociedad democrática los espacios necesarios para la expresión de los distintos intereses sociales.

La ley hace esto impidiendo monopolios en el sector, rebajando los límites de frecuencias que puede tener un grupo empresarial e impidiendo que la misma empresa tenga a la vez señales abiertas y TV por cable en la misma localidad. Asimismo, impide que las empresas telefónicas tengan inversiones en el sector audiovisual. Además, divide el mercado entre el sector privado, el estatal y el social; por último, crea una autoridad nacional, donde garantiza la presencia de gobierno y oposición.

No es casual, por ello, la oposición de la mayoría de los grandes monopolios de la comunicación, que basan su dominio en impedir que otras voces, cuyo poder no sea el del dinero, compitan en el sector audiovisual. Una ley similar urge en el Perú. Hay necesidad de superar el secuestro mediático al que nos tienen sometidos para que la democracia salga de su precariedad, se transforme y logre consolidarse. Ello solo será posible si los ciudadanos empiezan a reconocer más voces como suyas y de esta manera otros intereses, que no sean los de las grandes empresas, logran articularse para tener representación nacional e influir con sus puntos de vista en decisiones que pertenecen hoy a lobbies y políticos a su servicio.