Por Susana Villarán
El gobierno de Alan García acaba de aceptar rescatar a la empresa Doe Run garantizando un crédito por US$ 70 millones de un consorcio de bancos y empresas mineras locales. Esta acción del gobierno siempre dócil frente al gran capital, se ha hecho sin exigir que la empresa cumpla con exigencias ambientales cruciales vigentes en la ley. Esto es ineludible para una empresa campeona olímpica en eludir nuestras leyes y chantajear a las autoridades dada su “importancia estratégica” al dar empleo a 3,500 trabajadores y servicios de fundición a la minería regional.
Sucede que su dueño, Ira Rennert, poseedor de Renco Group y de la subsidiaria peruana Doe Run Perú que maneja el complejo metalúrgico de La Oroya, es multimillonario; millones que han ingresado a sus bolsillos en operaciones mineras con impactos muy negativos en el ambiente y la salud de las personas y ha sido sancionado repetidamente por ello en Estados Unidos.
Durante largos once largos años esta empresa ha ganado cientos de millones mediante la figura del pago de un “préstamo” a la empresa Doe Run en EEUU (jurídicamente, otra persona jurídica, pero en la práctica, su matriz), a la que ha enviado cientos de millones de dólares de ganancias. Su situación financiera aparece así engañosamente siempre como “frágil”, aunque la evidente riqueza acumulada de su dueño no lo refleje.
No podemos aceptar que el gobierno peruano deje de invertir en quienes están sufriendo ya el duro impacto de la crisis internacional, fundamentalmente los niños que parecen no contar para nadie, o miles de alpaqueros de la sierra altoandina hoy olvidados, y prefiera ayudar a una empresa que puede y debe enfrentar sus pérdidas, pagar a sus proveedores y trabajadores.
La Oroya, según el Instituto Back-smith se ubica en el grupo de los diez lugares más contaminados del mundo (entre ellos, Chernobyl). Debemos recordar que en mayo de 2006 el Tribunal Constitucional de Perú decidió una acción de incumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental del Perú, requiriendo el diseño e implementación de una “estrategia de salud pública de emergencia” para la ciudad de La Oroya en el término de 30 días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una Medida Cautelar el 31 de agosto de 2007 a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya en Perú exigiendo al Estado peruano en la misma orientación: proteger a los pobladores del terrible impacto de la contaminación.
Estamos esperando
Esta grave situación nos muestra el débil Estado que tenemos con los de arriba, la ausencia de un regulador minero efectivo y un Ministerio del Ambiente sin colmillos para cumplir su mandato y que por el contrario se muestra favorable a la prórroga del PAMA.
O Doe Run mete la mano al bolsillo de su dueño para enfrentar sus problemas financieros y asumir su responsabilidad ambiental (cumpliendo estrictamente el PAMA), o el gobierno debe rescindir inmediatamente el contrato. Existen felizmente inversionistas que asumen seriamente los retos de una minería social y ambientalmente sostenible.
Doe Run: que se meta la mano al bolsillo
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Susana Villarán
Susana María del Carmen Villarán de La Puente (Lima, 1949) estudió Educación en la Escuela Superior de Educación Familiar, además de Periodismo en la Escuela Superior de Periodismo Jaime Bausate y Meza (no concluido).
Realizo estudios de manera interrumpida de Sociología en la Universidad Católica de Chile.
Entre 1977 y 1979 militó en el Partido Comunista Revolucionario PCR.
Fue asesora en la Municipalidad Metropolitana de Lima desde 1983 hasta 1985 y trabajó para el alcalde Alfonso Barrantes.
En el año 2000 fue nombrada Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y en el año 2002 fue la primera Defensora de la Policía.
Entre 2002 y 2005 fue Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ocupó el cargo de Segunda Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2004, y de Primera Vicepresidenta en 2005. El 29 de marzo de 2004, hizo una presentación como Segunda Vicepresidenta de la CIDH ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el 2008 fue elegida miembro del Comité de Derechos del niño de las Naciones Unidas.
Postuló a la Presidencia del Perú en las elecciones generales del Perú de 2006 por la alianza Concertación Descentralista, formada por el Partido por la Democracia Social (liderado por Villarán) y por el Movimiento Humanista Peruano (liderado por Yehude Simon).
En la actualidad es Alcaldesa de Lima (Elecciones Municipales 2010) , y además, la primera mujer en acceder al cargo por medio de elecciones.