Se discute en estos días sobre la pretensión de una organización senderista, el Movadef, de obtener una inscripción como partido político ante el JNE. Existe un amplio consenso ciudadano en contra de esa pretensión. En su momento, la Comisión de la Verdad y Reconciliación afirmó que SL no puede tener cabida en nuestra democracia. Lo dijo de forma categórica al tiempo que demostró, con nutrida documentación, la atrocidad de los delitos cometidos por dicha organización y sustentó las responsabilidades penales que se derivaban de los crímenes contra la humanidad perpetrados por los seguidores de Abimael Guzmán.
Es por ello llamativa, aunque no sorprendente, la campaña de descrédito contra la CVR emprendida una vez más por ciertos diarios, una campaña basada en tergiversar sin escrúpulos lo dicho por la Comisión sobre SL en su momento. Según esos periódicos, el intento de Movadef de entrar a la arena política formal tiene como apoyo una supuesta tibieza de la CVR en sus juicios sobre SL. Pues bien: eso es completamente falso y sostenerlo es calumnioso. Es tan clara la condena de la Comisión a SL que las falsedades expresadas por estos diarios sólo pueden tener tres explicaciones: o no han leído el informe ni su resumen y hablan sin conocimiento, lo cual es en extremo irresponsable; o han leído y no han entendido lo que allí se dice: hecho que evidencia la pequeñez intelectual de quienes hoy dirigen esas publicaciones; o han leído, han entendido y han optado conscientemente por la mentira y la calumnia, lo cual delata su insignificancia moral.
Esa campaña de vilezas se ampara, desde luego, en lo poco que ha sido difundido el informe final de la CVR. Nadie que lo haya leído, aunque sea de manera fragmentaria o somera podría creer las mentiras que se están propagando; mentiras que nacen, las más de las veces, de tergiversaciones surgidas en el seno de una triste precariedad mental. Se dice, por ejemplo, que la Comisión favorece a SL al llamarlo partido político. Al parecer no quieren o no pueden entender, como se aclaró en su momento aun en el Congreso de la República, que esa definición tiene una naturaleza descriptiva y que no entraña por tanto ningún juicio de valor positivo ni la tácita legitimación de ese movimiento que, como se señala en el informe, hizo del terror su práctica cotidiana. ¿No fue acaso el nazismo un movimiento organizado desde un partido político, el NSDP? ¿Eso lo hace menos criminal, acaso? ¿No ha usado el fujimorismo, que tanto los seduce, para dar viabilidad a sus empresas delictivas, sucesivas fachadas partidarias, sin que eso cambie la naturaleza de sus repudiables delitos?
Pero antes de abundar en explicaciones y demostraciones conviene dejar hablar al propio informe de la CVR. Así, la primera línea del capítulo dedicado a SL dice: “La organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú y conocida como Sendero Luminoso (PCP-SL) desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad peruanos (…)”. Cualquier persona que lea con honestidad esa línea debería dejar de afirmar que la CVR no llamó terrorista a dicha organización.
En su conclusión 13, se dice: “Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas”. En la conclusión 20: “La CVR ha constatado características terroristas del PCP-SL que se desplegaron desde un comienzo a través de “ajusticiamientos” realizados con sevicia, prohibición de entierros y otras manifestaciones delictivas, incluido el uso de coches-bomba en las ciudades”. La conclusión 26 señala que “la violencia extrema practicada por el PCP-SL en las localidades rurales de los Andes se extendió también a los centros urbanos. Lima y otras ciudades fueron también escenarios complementarios y sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y actos terroristas, especialmente bajo la modalidad de coches-bomba”.
Y, como último asunto, entre muchos posibles sobre la condena de la CVR a SL, en la conclusión 28 se dice que “por la generalidad y sistematicidad de estas prácticas, miembros del PCP-SL, y en especial su dirección nacional y su denominada “jefatura”, tienen directa responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el marco de ataques armados contra la población civil, cometidos a gran escala o bien como parte de una estrategia general o de planes específicos”.
