En estos días se procesa un nuevo juicio al antiguo dictador argentino Jorge Rafael Videla, primer presidente de la Junta Militar que en 1976 tomó el poder por la fuerza e inició uno de los gobiernos más criminales que se recuerdan en nuestra región. Las violaciones de los derechos humanos perpetradas por esa dictadura (1976-1983) han sido plenamente demostradas y documentadas, tanto por numerosas investigaciones oficiales de carácter judicial como las promovidas por la sociedad civil. Con seguridad, la más conocida de esas indagaciones fue la realizada por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) bajo la conducción de Ernesto Sábato.
Los crímenes atribuidos a esa dictadura son numerosos y alcanzan singulares ribetes de atrocidad, no solo por su crueldad sino también por su carácter sistemático. Son ejemplo del horror en que puede convertirse la actuación del Estado cuando es empleado como una burocracia eficiente, pero ciega, despojada de toda consideración moral y legal que busca, únicamente, asentar su poder sobre la sociedad.
El nuevo juicio a Videla, que está por concluir, es digno de consideración por diversas razones. Una de ellas es que ilustra una vez más, de modo alentador, cómo es que paulatinamente se ha abierto paso el ejercicio de la justicia en Argentina, después de mucho tiempo y habiendo vencido muchas barreras. Como se sabe, si bien la confrontación del pasado autoritario empezó en ese país al día siguiente de restaurado el orden civil, con la creación de la Conadep, los juicios a las juntas militares fueron seguidos de diversas normas que consagraban la impunidad; solo después de mucho tiempo las decisiones de las cortes, y la voluntad política, pudieron abatir esas barreras. La justicia demanda, así, un ejercicio de paciencia y constancia aun cuando la impunidad pareciera imponerse.
Otro aspecto de este proceso es la especial gravedad del crimen que se juzga: el robo de recién nacidos que fueron dados a luz en cautiverio por mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas. El juicio trata sobre decenas de niños robados y entregados a familias de militares o de allegados a los militares. Pero el número total de sustracciones así realizadas se calcula más bien en 500.
Impresiona, aunque no sorprende, la absoluta falta de arrepentimiento del acusado y su persistencia en negar lo que está ampliamente demostrado: la comisión de los crímenes como parte de una política delictiva de los sucesivos gobiernos de las juntas militares.
Negación que se halla seguida de la estigmatización: para Videla, las mujeres embarazadas que sufrieron el despojo de sus hijos eran miembros de una maquinaria de terror, lo cual no solo está muy lejos de haber sido demostrado –ninguna tuvo un juicio legal al respecto– sino que es absolutamente irrelevante como explicación, y menos como justificación o atenuante, del crimen cometido.
Lo que muestra el juicio a Videla y sus insensibles declaraciones no es nada extraño ni, por desgracia, irrepetible. Esto nos ilustra una vez más sobre la psicología o, para mejor decirlo, sobre la deteriorada calidad moral del perpetrador, sobre las murallas que él mismo suele edificar para alejarse de todo sentimiento de empatía y de comprensión de la desgracia ajena. La inhumanidad que sale a luz en los diversos enjuiciamientos a victimarios masivos ejemplifica, una y otra vez, la “banalidad del mal”, pero también sobre cómo es que, en su imaginación, el verdugo requiere despojar de cualidades humanas a sus víctimas para así sentirse autorizado a actuar contra ellas con natural crueldad y sin remordimientos.
En el Perú hemos sido testigos de esa inhumanidad del victimario, tanto en declaraciones de militares involucrados en masacres y asesinatos grupales como de parte de los jerarcas del senderismo, especialmente en la amoral y repulsiva posición de Abimael Guzmán ante los crímenes cometidos bajo su mando e inspiración. Todo ello nos indica la enorme tarea pedagógica que puede rendir el ejercicio de la justicia: exponer al victimario, brindar lecciones sobre la fragilidad de los pactos de humanidad que organizan nuestra vida, haciendo evidente la necesidad de reforzarlos mediante un aprendizaje moral más vigoroso.
