Por: Alberto Adrianzén Merino
Cuando uno lee informes como el publicado recientemente por El Comercio, “Los hijos de la miseria” (18/01/09), donde se dice que las adolescentes de Apurímac se embarazan para cobrar los cien soles del programa “Juntos” y que ello es una “cruel distorsión de programa contra la pobreza”, uno se pregunta por qué tanto celo de ciertos sectores políticos y mediáticos cuando se trata del dinero que se distribuye entre los pobres.
En realidad, este celo, por momentos hasta majadero, contrasta con el silencio elocuente (y también cómplice) que estos mismos sectores guardan cuando se trata de las otras, digamos, también “crueles distorsiones” que benefician a los sectores altos y a los grandes grupos económicos. Estamos hablando, por ejemplo, del interés que debería tener el Estado, como bien ha dicho Humberto Campodónico, para que los grandes empresarios paguen impuestos a las ganancias de capital tanto en lo que respecta a las ganancias en la bolsa (exoneradas, por el momento, hasta el 2010) y cuando una empresa se vende en el extranjero. Por ejemplo, si Petrotech se vende fuera del país, el Estado podría perder US$ 100 millones en impuestos (La República, 19/01/09). La vara con la que se mide estos hechos es muy distinta. Corta cuando se trata de los pobres y larga (y también silenciosa) cuando se trata de los ricos.
Para algunos académicos estas “crueles distorsiones” en el mundo de los pobres se llaman “filtraciones”. Por ejemplo, si en el Programa del Vaso de Leche, que está destinado a niños de una determinada edad, digamos entre 1 y 6 años, se “descubre” que otros niños de 8 años o ancianos o madres gestantes (todos ellos, obviamente, pobres) reciben también leche, estamos ante un “filtración”. Cabe señalar que la palabra “filtración” coincide con otra muy de moda en estos tiempos neoliberales: “chorreo”. Si a los pobres les “chorrea” (o gotea) algo del crecimiento está bien, pero si les “filtra” algo de los programas sociales está mal porque la plata no es suya. Por eso se comportan con una lógica de capataz: levantan el dedo acusador cuando se trata de las famosas “filtraciones”. El grito bien puede ser. “En la pobreza, disciplina” porque la plata es mía.
En realidad, las políticas sociales, sobre todo las de emergencia y las focalizadas (no discuto que muchas de ellas sean pertinentes), pueden ser definidas como el costo que paga una sociedad por producir abismales desigualdades entre sus integrantes. Vivimos en un sistema que produce constantemente pobreza, ya que su reproducción se basa, justamente, en el empobrecimiento de la mayoría. Lo curioso es que aquellos que la producen (y la provocan) se legitiman supuestamente atendiéndola.
Por eso las preguntas que hay que hacerle a El Comercio son las siguientes: qué es una “cruel distorsión”: que las madres se embaracen por 100 soles (lo que es muy discutible, más allá de que puedan existir algunos casos) o que, más bien, gracias a que existe el programa “Juntos” se comience a descubrir el drama de las adolescentes embarazadas en Apurímac. Una “cruel distorsión”, sospecho, es que a estas madres adolescentes, recientemente “descubiertas” por los médicos y por El Comercio, no se les den los 100 soles al mes.
También lo sería que el aumento de la demanda que ha provocado “Juntos” no sea satisfecho por el Estado, es decir, que los partos no sean atendidos, que no existan vacunas, tampoco un adecuado control de los niños y de las mujeres embarazadas, y menos una apropiada educación sexual. Y si bien estamos lejos de idealizar a los pobres y al programa “Juntos”, no creo, como dice El Comercio, que estemos ante una “cruel distorsión” sino más bien –como ha dicho el padre Gastón Garatea– ante un gigantesco prejuicio contra los pobres, que es también un “insulto a la inteligencia de los peruanos” y añado: ante una tragedia humana.
Nadie puede estar en contra de que los recursos destinados a luchar contra la pobreza se usen de manera correcta y eficiente. El problema, además de esta aparente neutralidad que usa términos provenientes de la gasfitería (“chorreo”, filtraciones), es que estamos construyendo una sociedad que se está “guetizando”. Los guetos los construyen las elites y el propio Estado al definir que los espacios y los servicios públicos (y también las políticas sociales) son solo para los pobres.
Son ellos, los pobres, los que deberían usar (casi exclusivamente) las escuelas, universidades y hospitales públicos. Los que tienen algo de dinero deben ser arrojados al mercado para que sean devorados por los intereses privados. La idea de que si uno paga impuestos puede “usar” los espacios y servicios públicos, porque es un derecho, está “prohibida”. Los ricos han decretado así el fin de la universalidad del Estado: lo público (incluyo los servicios) es monopolio de los pobres ya que el mercado es de ellos.
