José Enrique y Fidel

Por Alberto Adrianzén M. (*)

Resulta difícil de creer que José Enrique Crousillat no haya seguido un guión. Primero fue un cuestionado indulto. Luego el juicio a 56 personas acusándolas de participar en una supuesta compra dolosa del Canal 4. Que Crousillat se haya equivocado en sus cálculos, puede ser, pero lo que no cabe duda es que él mismo comenzó a caminar por el sendero que este gobierno le construyó hace algún tiempo.

Además, no solo hay que tomar en cuenta el indulto o la condecoración a una de sus hijas por este gobierno o la propuesta de Ricardo Ghibellini, según se dice, de dejar, ahora que se va a Brasil como embajador, a Marisol Crousillat como mandamás del Canal 7, sino también esta suerte de guerra solapada que existe por el control de algunos medios. Se habla, por ejemplo, de un cambio de propiedad en el Canal 2, y también en el Canal 11. En ambos casos, estarían las sombras del fujimontesinismo, pero también de los grandes amigos del Presidente. Ofrecerse al gobierno como “operador político mediático” en medio de una campaña electoral, es una oferta tentadora para alguien que ha dicho que si bien no puede poner al nuevo presidente sí puede impedir que un tercero lo sea. Por eso lo sucedido recientemente con el Canal 4 es la punta de un iceberg que nos dice que la guerra por los medios recién empieza y que será larga.

En este contexto, el pedido del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, a nombre del gobierno, de exigirle al Congreso que investigue la compra del Canal 4, tampoco fue un dislate. Es poco creíble, teniendo al costado al presidente del Consejo de Ministros, que Pastor haya hablado en exceso. Lo que expresa es algo muy simple: la guerra por los medios continúa. Y si hoy el gobierno está en retirada y viendo cómo hace para salir de este problema, también, sospecho, está discutiendo cómo reordena sus filas sin perder de vista su objetivo mayor: el control de los medios.

Lo que es un hecho es que conforme nos acerquemos al proceso electoral y, por lo tanto, al fin del gobierno, las presiones de los grupos políticos, económicos y de los lobbies –como lo demuestra el caso Crousillat– serán más activas. Un ejemplo notable de esto ha sido el rechazo en la Comisión de Educación del Congreso a la aprobación de una nueva Ley Universitaria. Este hecho es un verdadero escándalo. Resulta insólito que una mayoría de congresistas de la Comisión de Educación, luego de varios meses de trabajo en el que participaron todas las bancadas y después de quince anteproyectos de ley sobre esta materia, sostenga al final que no es necesaria una nueva ley universitaria sino, simplemente, modificar la actual (¡Alo, Fidel!). Con la excepción de los nacionalistas, votaron a favor de archivar la ley los congresistas Cabanillas, Hildebrandt, Lezcano y Luízar.

Otro ejemplo, igualmente repudiable, es el rechazo del Consejo Directivo del Congreso, también este martes, a otorgarle a la Comisión de Educación facultades de comisión investigadora respecto al funcionamiento de la Universidad Alas Peruanas y su presunta vinculación irregular con funcionarios del Estado. Un sólido frente integrado por congresistas de casi todas las bancadas, varios de ellos con vínculos visibles con Alas Peruanas, como Hildebrando Tapia de UN, socio en Junín de esta universidad o César Zumaeta (APRA), implicado en una venta de terrenos, así como los viajeros frecuentes pagados por este centro de estudios y los fujimoristas (las excepciones fueron el nacionalismo, un congresista de Unidad Nacional y otro del Bloque Popular) fueron los que le dieron protección a este centro de estudios. En realidad esta coalición (APRA, UN, UPP, Solidaridad Nacional y fujimoristas) demuestra, una vez más, no solo la decadencia del Congreso y la fuerza de Alas Peruanas, sino también lo que se está jugando en estos días.

(*) albertoadrianzen.lamula.pe