La tentación autoritaria

Por Alberto Adrianzén Merino.

Sería muy bueno para la democracia peruana que el gobierno nos dé alguna explicación sobre los siguientes hechos: por un lado, la famosa operación Leuctra, conocida gracias al diario La Primera y que consistía, en la práctica, en una verdadera caza de brujas contra algunos dirigentes de la izquierda peruana; y por el otro, más allá de que haya sido retirado en días pasados, sobre el famoso proyecto de ley que atentaba directamente contra las ONG y gremios u organizaciones en general, ya que abría la posibilidad de clausurarlas o cerrarlas con argumentos generales y vagos cuya definición, cuando no, correspondía al poder.
Lo que une ambos acontecimientos es esta suerte de miedo a todo lo que tenga un color rojo (incluso rosado, o simplemente un tono crítico) y que termina siempre por imponer una lógica persecutoria e intolerante. Son estos llamados “tics” que tanto el gobierno como el Estado muestran cada cierto tiempo. Sin embargo, es sospechoso, por decir lo menos, que dos acontecimientos como los mencionados, coincidan en el tiempo. Uno podría pensar, con cierta base y fundamento, que hay un sector que estaba preparando una ofensiva represiva, que consistía en lo siguiente: primero, capturo a los dirigentes de izquierda (incluido Ollanta Humala) y, luego, les pongo una mordaza a las ONG y a las organizaciones sociales para que no protesten o hagan campaña nacional e internacional. Y si bien uno podría decir, también con fundamento, que esta visión es conspirativa y hasta paranoica, nadie puede negar que, para alguien que quiere reprimir y acallar a la oposición, este escenario (es decir la combinación de represión y mordaza), es el mejor, por no decir el ideal.

Por eso llama la atención que ambos hechos no se investiguen a profundidad y que el gobierno no nos diga cómo se han ido construyendo. Sería bueno saber, por ejemplo, quién le ordenó a la División de Investigación del Terrorismo Internacional (DIVITI) de la DIRCOTE, hacer una investigación sobre los supuestos vínculos entre un sector de la izquierda y las FARC. Se han mostrado algunos videos con los que se intenta probar estos vínculos, pero no se dice que esas visitas de miembros de las FARC a Lima (como es el caso de Nubia Calderón) no solo han sido públicas sino también plurales; es decir, se realizaron reuniones con varias organizaciones, como recuerda Alberto Moreno en la revista Domingo. Además hay que decir que para el Perú como para otros países de A.L., las FARC, oficialmente, (guste o no) no son terroristas.

Hay otro dato: la famosa computadora del líder de las FARC, Andrés Reyes, se ha convertido en una verdadera “caja de Pandora” o, mejor aún, en un verdadero sombrero de mago. Según el Informe Forense de INTERPOL, esta consiste “en tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB, equipos supuestamente decomisados a una unidad guerrillera móvil”, y la información contenida (o datos) “correspondería a 39.5 millones de páginas Microsoft Word”, en realidad, casi toda una biblioteca. Por eso no es extraño que en dicho informe en la conclusión 2b se diga lo siguiente: “Entre el 1/3/08, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3/3/08 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”.

Con ello no queremos justificar ni avalar a las FARC. Como lo he dicho más de una vez, soy contrario a los secuestros y a los métodos violentistas o terroristas como aquellos que practican las FARC–como también el Estado colombiano y los paramilitares–, pero lo que demando son investigaciones serias y responsables y no, como ahora sucede, persecuciones políticas que sirven a unos cuantos y que abonan una cultura autoritaria e intolerante. Un buen ejemplo, aquí en el país, es la injusta e ilegal detención, porque hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba seria al respecto, de Roque Gonzales La Rosa, preso desde hace ya casi un año.

Sobre el proyecto de ley contra las ONG e instituciones de la sociedad civil, el asunto es bastante obvio. Todos sabemos qué sectores están detrás de esta campaña y qué es lo buscan. Y si bien ha sido retirado para su “revisión”, el premier Simon nos debe una explicación sobre este asunto y una autocrítica, porque de hecho fue una propuesta autoritaria. El silencio no ayuda; por eso si queremos una democracia hay que hablar, porque la palabra es lo opuesto a la oscuridad autoritaria.