Por: Alberto Adrianzén
Uno de los problemas de la política peruana es su enorme dificultad para llamar a las cosas por su nombre. La política, muchas veces, es refugio de la mentira y fuente de confusión. Si la política está en crisis es porque no ha podido ni puede, hasta ahora, establecer nexos comunicativos que le permitan construir verdades socialmente aceptadas por los ciudadanos. A los políticos no se les “escucha”, tampoco se les “cree” y menos se les “entiende”. La política ha perdido relevancia como fuente de explicación y de sentido de lo que “sucede” en el “mundo”. El problema es que ni la política ni los políticos “llaman a las cosas por su nombre”.
Los sucesos criminales en la mina Majaz (Río Blanco) a fines de julio e inicios de agosto de 2005, que, como hoy demuestran las fotos publicadas por La República, consistieron en la represión, secuestro y tortura a un grupo de campesinos de las comunidades de Yauta, Segunda y Cajas, ubicadas en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba (y también el asesinato de un comunero) no fueron otra cosa sino una acción paramilitar. Ahí lo que hubo fue la colusión entre fuerzas del Estado y fuerzas de seguridad de la empresa, las mismas que actuaron como grupos paramilitares con el claro objetivo de intimidar y reprimir la protesta social.
No es extraño que el padre Marco Arana haya sido una de las pocas personas que dijeran que estábamos, en realidad, ante el accionar de grupos paramilitares. Como se recordará, en el 2006 Arana y varios miembros de la ONG cajamarquina Grufides (institución dedicada a la defensa del medio ambiente) fueron objeto de amenazas de muerte, campañas difamatorias y seguimiento (para)policiaco. Los autores fueron miembros de un tipo de empresa privada de seguridad (paramilitares en la práctica) que, según diversos medios, trabajaban para una compañía minera. Incluso, en aquella oportunidad, se dijo que los miembros (o agentes) de esa empresa de seguridad no solo portaban armas que estaban prohibidas sino también que los mismos eran reclutados de los “bajos fondos”; es decir, eran una suerte de “patotas armadas”, dispuestas a cualquier cosa.
Lo mismo se puede afirmar en el caso del nuevo escándalo en que ha derivado el asunto de los llamados petroaudios. Las acciones de la empresa “Business Track” (BTR) y de algunos de sus miembros también podrían ser calificadas como acciones paramilitares. En este caso no solo estamos ante acciones ilegales sino también, sospecho, ante una colusión (o colaboración) con organismos del Estado. No me extrañaría que muchas de esas “empresas privadas” que hoy “chuponean”, hacen reglajes y acciones operativas sean, simplemente, órganos de fachada de los propios servicios de inteligencia.
No es creíble que un servicio de inteligencia, como el de la Marina, no haya estado informado de que dos de sus agentes en actividad “cachueleaban” (así ha dicho el ministro) para una empresa privada en labores de chuponeo y espionaje. Aceptar esa explicación (incluido el “cachueleo”) debería llevar a todos los jefes de la inteligencia a renunciar, para luego cerrar dicho servicio.
El problema, por lo tanto, no es solo la proliferación de este tipo de empresas privadas dedicadas al espionaje –se afirma que son una treintena–, sino también esta suerte de “informalidad” organizada y controlada de la cual participarían los propios servicios de inteligencia. Los agentes de inteligencia que trabajan en estas “empresas de seguridad” no son equivalentes a los policías que cuidan los bancos u otros locales en sus días francos porque el sueldo no les alcanza (eso sí es “cachuelear”), sino más bien extensiones de esos mismos aparatos de inteligencia en esas empresas, que vendrían a ser entonces parte de la llamada “comunidad de inteligencia”.
En el país no es que se esté privatizando la “inteligencia” debido a la proliferación de este tipo empresas de seguridad. Lo que ocurre, más bien, es el (re)nacimiento del paramilitarismo y de la parapolítica que tuvo su apogeo en el fujimorismo y un poco antes con el Comando Rodrigo Franco. La frontera que nos dice dónde acaba la actividad de los servicios de inteligencia (incluidas las labores policiales) y dónde comienza la de este tipo de empresas privadas de seguridad, no solo es gris sino que ellas también se superponen. El caso de Majaz, pero también el de los “chuponeos” y las persecuciones políticas (incluyo a Raúl Wiener, a quien expreso mi solidaridad) son ejemplos de que estamos camino a la colombianización del país, es decir, a su paramilitarización y a la parapolítica, distinta, por cierto, a la que pregonan otros interesadamente, que consistiría en la conversión del narcotráfico y sendero en una suerte de FARC peruanas. Y eso sí es un “coche bomba” para nuestra frágil democracia. Por ello es hora de llamar a las cosas por su nombre.
