¿Una crisis irreversible?

Por Alberto Adrianzén M.(*)

En estos días, me imagino, muchos peruanos nos hemos preguntado si hemos entrado a una fase que puede ser definida como de descomposición política en el país. El titular de este diario el jueves pasado daba cuenta que 82 congresistas de todas las tiendas políticas y de todos los colores ideológicos tenían cuando menos una denuncia que enfrentar. Cuando termine este Congreso muchos parlamentarios serán conocidos como “roba luz”, “come pollo”, “te pago la mitad del sueldo”, “mi asesora es trabajadora del hogar”, etc.; en realidad, toda una vergüenza que daña seriamente al Congreso. Solo falta que se inicie la temporada del transfuguismo ya que no están tan lejos las próximas elecciones. A ello se podría sumar el cinismo de Alberto Fujimori que primero se declara “culpable” para luego decir que es “inocente”. Toda una desfachatez.

También el negociado que se ha hecho en la concesión del puerto norteño de Paita. El “faenón” con el gas de Camisea. O el intento reciente por controlar la labor de la Fiscalía cuando policías y militares hagan uso de sus armas de fuego. El tema es tan grave que la propia Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ha dicho que está en peligro el Estado de derecho y la libertad de los peruanos.

Finalmente, el escandaloso, por no decir criminal, intento de facilitar la destrucción de nuestro patrimonio arqueológico. Se dice que tanto el Decreto Supremo Nº 009-2009/ED que modifica los plazos para la expedición de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos como el proyecto de ley del Ejecutivo enviado hace unas semanas al Congreso para que sea el Legislativo quien defina qué es un resto arqueológico, tendría el nombre de una universidad privada y el apellido de un personaje muy cercano al gobierno que habría comprado terrenos, justamente, donde existen restos arqueológicos. Como se sabe el INC y su directora se han opuesto a estas normas.

Sospecho que todos estos hechos y otros más lo único que generan es un mayor alejamiento de la población tanto de los partidos como de las instituciones del régimen democrático. Dicho de otra manera, se está incubando un escenario que tiene como principal característica una incertidumbre radical. Los electores mientras más se alejan de los políticos y de la política buscan al mismo tiempo no tanto quién los puede representar políticamente (tarea hasta ahora infructuosa) sino más bien quién puede castigar a los “políticos”. No se vota a favor sino más bien en contra.

En realidad, este es el mejor escenario para que surja lo que Julio Cotler llamó hace algunos años “la ansiedad autoritaria”. Es tal el desorden y la arbitrariedad que existe, que los electores llegan a la conclusión que el mundo de la política y de los políticos no es solamente algo lejano o distante a ellos sino también contrario a sus aspiraciones e intereses.

En este contexto complejo y difícil donde el epicentro de la crisis política es el Congreso, cabe preguntarse qué hacer. Para comenzar, los partidos que hoy están en el Congreso deberían formar comisiones de evaluación y de investigación de sus propias bancadas. Hacer una suerte de inventario o control de daños frente a una crisis que puede convertirse en irreversible. No hay nada más censurable para los ciudadanos que apañar las corruptelas y proteger a congresistas en falta. Ello supone, además, que los partidos deben asumir la dirección política de sus bancadas y no el revés como hoy sucede.

En segundo lugar, enfrentar con seriedad y eficacia la corrupción que hoy día impera en el país. Es necesario que los partidos se diferencien de los sectores corruptos si quieren recuperar algo de credibilidad. Asimismo, hacer participar al pueblo en las tareas legislativas. Para eso existen mecanismos legales como la iniciativa popular. Y, finalmente, representar las demandas populares. La tarea no es fácil pero tampoco imposible.

(*) www.albertoadrianzen.org